La caseta de Cuyutlán es una de las más caras del país y la concesión que terminaba en el año 2020, sin tomar en cuenta la opinión del Gobierno del estado y menos del municipio donde se encuentra, fue ampliada en enero de 2011 por otros 30 años, por lo que pasará a la regencia estatal hasta el año 2050.
Lo anterior fue afirmado por el diputado manzanillense Nabor Ochoa López (grupo parlamentario del Partido Verde), quien identificó dos situaciones graves en la concesión: se amplía 30 años más sin tomar en cuenta a las autoridades del estado, ni del municipio de Armería, y ello se hace por obras realizadas en otro estado. “Desafortunadamente, la ley se lo permite, sí, pero es totalmente absurdo”, aseguró.
El coordinador del grupo parlamentario del PVEM afirmó que no es posible que por una carretera que se hizo en Tlaxcala, se tenga que estar cobrando a los colimenses.
Ochoa López criticó que por poco más de 40 kilómetros se les cobre a los colimenses 130 pesos. “Es una caseta que de contar con servicios sanitarios, de la noche a la mañana desaparecieron, afectando a quienes circulamos y nadie hemos dicho ni hecho nada. Es una autopista totalmente insegura, que le falta terminar los cuatro carriles a la altura del puente de Tepalcates y eso debía ser acción de la concesionaria”, indicó.
El legislador del PVEM dijo que por lo que se ve, la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) está “muy consentida” y por ello “hace prácticamente lo que quiere” y “dentro de esto hay dos cosas que son muy lamentables: que utiliza a la Policía Federal como empleados, y que utiliza a la Policía Federal como cómplices para proteger sus intereses”.
Recordó que en el pasado puente vacacional del 19 de marzo, “la Policía Federal en el puente de Colomos, allá en Tapeixtles, estaba desviando el tráfico por la carretera libre, según eso porque la empresa le dijo que iba a ser tomada la caseta por los manifestantes, por eso empezó a desviar el tráfico en pleno puente vacacional, a circular por la carretera libre. Eso demuestra la complicidad de la Policía Federal con la empresa”.
El otro tema grave, dijo Nabor Ochoa, “es que gente de esos grupos de choque se ponen de acuerdo con policías federales y de eso tenemos fotografías; eso es delicado. La Policía Federal, en lugar de actuar en favor de la gente y no prestarse a las fechorías de la empresa, está totalmente implicada, porque además, por cierto, estos grupos de choque contratados por la empresa concesionaria de la caseta agreden a automovilistas y a manifestantes”.
Nabor Ochoa denunció que los policías, a pesar de estar presentes al momento de la agresión a los manifestantes y a los automovilistas por parte de los grupos de choque, no hacen nada para impedirlo. “Debo decirles que a mí ya me tocó una vez: me tocó el inicio de esto, donde un turista -porque era en temporada vacacional- totalmente indignado a punto estuvo de romper el vidrio del vehículo que obstruía”.
Nabor Ochoa señaló que “nuestro estado es el único donde se ve eso, es el único estado donde esos grupos de choque agreden a los automovilistas y a gente nuestra que se está manifestando pacíficamente, porque me consta que han evitado al máximo llegar a la agresión o responder las agresiones”.
El legislador local indicó que “esto está creciendo y ojalá mañana o pasado no nos estemos lamentando por no hacer nada, por solo mirar y dejar que el tiempo vaya minando la resistencia de estos grupos, y se apacigüe todo esto”.
Ochoa López hizo un reconocimiento a la gente que ha salido a manifestarse: “Esa gente que deja la tranquilidad de un domingo familiar y se va a defender los intereses de todos nosotros. Es de reconocer el esfuerzo que hace esta gente y arriesgar incluso su vida, porque varios de esos compañeros, aquí presentes, fueron agredidos por esos grupos de manifestantes que se atreven, no solamente a agredir, sino a colocar clavos para que no pasen los vehículos”.
Además, Nabor Ochoa explicó: “Imagínense la imagen que damos al turismo que nos visita. En ese sentido es que me permití proponer agregar dos puntos al acuerdo presentado por la diputada Martha Sosa: que el personal al cargo de la Policía Federal se abstenga de realizar acciones de complicidad y subordinación con la empresa concesionaria de la caseta de Cuyutlán, y proceda a aplicar la ley, que detenga a los grupos contratados por la empresa concesionaria, que se ha dedicado a agredir, verbal y físicamente tanto a manifestantes como a automovilistas”.
