El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua exigió justicia por al menos 29 menores de edad que fueron asesinados durante las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018 en Nicaragua.
La organización, integrada por activistas exiliados y con sede en Costa Rica, responsabilizó al Estado nicaragüense por las muertes, entre ellas la de un bebé de cuatro meses y un niño de tres años que fallecieron calcinados junto con su familia, luego de que su vivienda fuera incendiada por grupos armados afines al régimen en Managua, el 16 de junio de 2018.
El colectivo también denunció la detención arbitraria de más de 70 menores, así como la situación de orfandad de niños y adolescentes cuyos padres fueron víctimas de la represión estatal y paramilitar.
De acuerdo con la organización, el saldo general de la violencia vinculada a la represión suma al menos 355 personas asesinadas, sin que hasta ahora se haya hecho justicia por estos crímenes.
La ONG recordó el caso de Álvaro Conrado, un adolescente de 15 años que murió por disparos de francotiradores y que no recibió atención médica en hospitales públicos. Su caso ha sido señalado como símbolo de la violencia sistemática ejercida por el régimen.
La organización sostiene que la responsabilidad de estos abusos recae en quienes ejercen el poder, en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente, quienes han sido señalados por organismos internacionales como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se agudizó con las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, tras encarcelar a sus principales opositores, despojarlos de su nacionalidad y expulsarlos del país.
