Ante la inconformidad expresada por habitantes de la comunidad de La Salada, donde 7 viviendas están en riesgo de ser removidas por la ampliación de la autopista, el regidor en el Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán, Jorge González, informó que continúa dando seguimiento al caso, con el objetivo de que las familias afectadas sean escuchadas y se logren acuerdos que respeten su derecho a una vivienda y a permanecer en su comunidad.
En una entrevista, Jorge González señaló que los vecinos aún no han recibido información clara y directa por parte de la empresa encargada de la obra ni de las autoridades responsables.
“Los habitantes siguen sin saber exactamente qué va a pasar con sus casas. Me comentan que solo han ido a medir, pero nunca les han explicado formalmente si serán reubicados, compensados o si existe alguna alternativa”, declaró.
El regidor explicó que ha visitado en 2 ocasiones la comunidad. En la primera, escuchó directamente las inquietudes de los pobladores, y en la segunda acudió acompañado por un abogado para brindarles opciones de contacto y asesoría legal. “No se trata de dejarlos solos en un proceso tan delicado”, afirmó.
Uno de los casos más sensibles es el de una pareja de adultos mayores cuya vivienda sería completamente afectada por la obra. La mujer, relató el regidor, expresó con firmeza su decisión de no abandonar su hogar. “Nos dijo que no tiene a dónde ir, que construyó su casa con mucho esfuerzo y que no quiere irse porque en su comunidad ha encontrado paz, tranquilidad y sentido de pertenencia”, compartió.
González advirtió que el avance de la obra es inminente y que, a estas alturas, ya debería haberse garantizado una comunicación formal con los habitantes, así como soluciones claras.
“Estamos contra el tiempo. Es preocupante que no haya existido un acercamiento serio por parte de la empresa o de las autoridades. No se puede seguir avanzando sin resolver este tema de fondo”, subrayó.
Sobre su postura, el regidor insistió en la necesidad de encontrar acuerdos viables para ambas partes. “Es un proyecto que beneficia al municipio y al estado, pero no puede hacerse a costa del despojo o del sufrimiento de los habitantes. Si hay afectaciones, deben ofrecerse alternativas reales: un lugar donde vivir, una compensación justa, o al menos la posibilidad de decidir”, sostuvo.
Finalmente, reiteró que mantendrá el contacto con los vecinos de La Salada y que seguirá insistiendo en la necesidad de instalar una mesa de diálogo efectiva. “Aquí lo que se busca es justicia y empatía. No se puede perder de vista que detrás de cada casa hay historias de vida, esfuerzo y comunidad”, concluyó.
