El presidente de la Coparmex Colima, Eduardo Sánchez García, subrayó que el Juicio de Amparo es la mayor aportación de México al constitucionalismo mundial y anunció que la próxima semana entregarán un exhorto formal a las senadoras y al senador colimense, para que rechacen cualquier reforma que debilite ese mecanismo jurídico que consolida la democracia en el país.
Recordó que, desde el siglo XIX, México se adelantó a otras naciones al establecer ese recurso para que la ciudadanía pueda defenderse de actos de autoridad que lesionen sus derechos. Sin embargo, señaló que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en marzo de este año y la reciente propuesta enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, representan un retroceso.
“Se limitaba la suspensión, debilitando el único recurso que tienen muchos ciudadanos para evitar daños irreparables, mientras los juicios en México todos sabemos que son largos y costosos. Nos preocupa que la Consejería Jurídica del Ejecutivo solicite a la Suprema Corte priorizar ciertos asuntos, porque ello abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de este poder”, expresó.
Sánchez García agregó que otro aspecto preocupante es la elevación de los requisitos de votación para declarar la invalidez de leyes inconstitucionales, lo que encarece y retrasa la depuración del marco jurídico, dificultando el acceso a una justicia pronta y expedita.
El dirigente aseguró que el amparo no es un privilegio de unos cuantos, sino un derecho histórico de todas y todos los mexicanos, un escudo frente al abuso de poder y la llave que, por más de un siglo, ha permitido conquistar derechos reales. “Debilitar el Amparo es debilitar la democracia y poner en entredicho la certeza jurídica que requiere la ciudadanía para vivir en libertad y las empresas para invertir, crecer y generar empleos. La seguridad jurídica no es un lujo, es el fundamento de la vida democrática, de la competitividad económica y de la paz social”, afirmó.
En ese contexto, exhortó al Congreso de la Unión a reconsiderar las modificaciones a la Ley de Amparo y abrir espacios de diálogo con la sociedad civil, organismos empresariales, la academia y colegios de abogados.
Finalmente, informó que convocarán a las senadoras Mely Romero Celis (PRI) y Ana Karen Hernández (Morena), así como al senador Virgilio Mendoza (PVEM), a escuchar ese llamado ciudadano.
La próxima semana les harán llegar un oficio puntual para que rechacen cualquier retroceso y actúen conforme al mandato ciudadano en la discusión y votación de la reforma.
