Tras reconocer que las demandas de los productores agrícolas son justas, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el estado de Colima, Manuel Anaya Rojas, consideró necesario buscar otras alternativas de diálogo para que el Gobierno atienda dichas peticiones sin afectar a la ciudadanía.
En una entrevista, señaló que las autoridades deben dar respuestas oportunas a fin de evitar bloqueos carreteros como los ocurridos el pasado martes 14 de octubre, cuando productores agrícolas realizaron una protesta nacional bloqueando diversas carreteras del país, lo que ocasionó la suspensión de corridas en la Central de Autobuses Foráneos de Colima desde las 11 de la mañana. Las operaciones pudieron reanudar actividades hasta casi 36 horas después.
El representante de la Canapat explicó que varios autobuses quedaron varados en medio del caos vial, generando molestias entre los pasajeros. “Hubo mucha inconformidad por parte de los usuarios del autotransporte de pasaje, pues muchos tenían vuelos, citas médicas u otros compromisos programados. Tuvimos que cancelar corridas y quienes salieron antes de conocer del bloqueo permanecieron detenidos casi 36 horas. Imagínese lo que representa para personas adultas mayores, bebés o familias completas. Fue una situación muy incómoda y preocupante para todas y todos los usuarios”, expresó.
Si bien reconoció que las demandas de los productores agrícolas son legítimas, insistió en que deben buscarse mecanismos alternativos para que el Gobierno las atienda sin recurrir al cierre de carreteras.
Anaya Rojas relató que el sector transportista tuvo conocimiento de la concentración de productores alrededor de las 8:30 o 9 de la mañana, pero no se tenía certeza sobre si procederían al cierre ni sobre posibles negociaciones con el Gobierno. “No tuvimos comunicación directa; la autoridad debió habernos informado con antelación para suspender corridas y resguardar a los pasajeros en lugares seguros o permitirles regresar a su origen, evitando quedar en medio de la concentración”, explicó.
El delegado consideró que en casos como el del pasado martes la autoridad debe intervenir de inmediato para establecer mesas de negociación y liberar las carreteras, pues el impacto afecta directamente a la población, a las empresas transportistas, al puerto de Manzanillo y al turismo.
Finalmente, Anaya Rojas subrayó que los gobiernos deben atender con oportunidad las necesidades y demandas de los distintos sectores de la población para evitar que las inconformidades deriven en manifestaciones que perjudiquen la movilidad y la economía.
