Diputadas y diputados del Congreso del Estado presentaron una iniciativa para prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en la entidad, mediante la creación de un nuevo marco jurídico con enfoque preventivo, de coordinación interinstitucional y restitución de derechos.
La propuesta fue presentada por el diputado Israel González Mendoza y la diputada María Cristina Lupién Ventura, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), y plantea expedir la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Colima.
En la exposición de motivos se advierte que el reclutamiento infantil es una de las formas más graves de violencia, al interrumpir proyectos de vida, normalizar la violencia y colocar a la niñez en contextos de explotación, coerción y criminalidad. El documento señala que Colima enfrenta condiciones estructurales de alto riesgo, derivadas de la violencia y la presencia del crimen organizado, que hacen urgente una respuesta institucional específica.
Como contexto, cabe mencionar que Colima se ha mantenido en los últimos años entre las entidades con mayores tasas de homicidio doloso del país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que refleja un entorno de alta vulnerabilidad social. Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México han advertido que entidades con esas características presentan condiciones propicias para el reclutamiento de menores, debido a factores como abandono escolar, violencia familiar, pobreza, consumo de drogas y ausencia de redes de protección institucional, particularmente en municipios como Manzanillo.
Aunque no existen cifras oficiales precisas sobre el número de niñas, niños y adolescentes reclutados en el estado -debido a que se trata de un fenómeno subregistrado-, la iniciativa subraya la urgencia de contar con una ley de carácter preventivo, orientada a la detección temprana de riesgos y a la atención integral de las víctimas.
La propuesta no crea nuevos delitos ni invade competencias federales, sino que establece atribuciones administrativas y mecanismos de coordinación entre dependencias estatales, municipios, sistemas DIF y autoridades educativas y de salud. Entre sus ejes centrales se encuentran la creación de un Programa Estatal de Prevención, una Comisión Interinstitucional, un Sistema Estatal de Información e Indicadores, así como protocolos de actuación y acciones de reintegración educativa y atención psicosocial.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.
