Aprueba Congreso “Ley Ingrid” para evitar filtraciones de imágenes de asesinatos y cadáveres

El Congreso del Estado aprobó la llamada “Ley Ingrid”, mediante la cual se estarán protegiendo los datos de víctimas al evitar las filtraciones, por parte de servidores públicos, de imágenes, audios, videos del lugar de un asesinato y de cadáveres. La iniciativa de la Ley contempló adicionarse el Artículo 240 Bis al Código Penal de la entidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la ley establece sanciones especiales cuando las asesinadas sean mujeres o menores de edad.

Cabe recordar que el pasado 9 de febrero tuvo lugar el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas imágenes de su cadáver fueron publicadas en diferentes plataformas. Tras ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una iniciativa en el Congreso de la capital para evitar que ese tipo de filtraciones vuelvan a ocurrir.

De acuerdo con el comunicado, la reforma al Código Penal busca garantizar el bien jurídico a la integridad y seguridad personal, que tiene como fin y objeto que las personas puedan desarrollarse integralmente, así como otorgar las condiciones que permitan al ser humano gozar de una vida plena.

Así, se establece que para quienes indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal tendrá una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa equivalente de 50 a 100 UMA´s.

Si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de 4 a 7 años de prisión y la multa del 70% a 130 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Tratándose de mujeres, niñas o adolescentes, la pena será de 4 a 8 años y la multa de 80 a 150 veces el valor diario de la UMA; cuando el delito sea cometido por un servidor público, integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y una multa de 80 a 150 veces el valor diario de la UMA.

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