Aprueban diputados locales Ley de Deuda Pública del estado de Colima y sus municipios

En medio de una discusión entre las fracciones del Partido Revolucionario Institucional por un lado y la del Partido Acción Nacional, por el otro, este jueves, los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura, aprobaron de panzazo la nueva Ley de Deuda Pública del estado de Colima y sus municipios.

La discusión inició desde el momento mismo que se leyó el orden del día, porque los diputados de la fracción de Acción Nacional, pedían a los legisladores priistas, principalmente al presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el diputado Santiago Chávez, consultara con quien debiera hacerlo para bajar ese dictamen y se discutiera en la próxima sesión.

Los panistas argumentaban que el dictamen les había sido enviado a sus correos electrónicos casi a la media noche del miércoles, y la sesión había sido convocada para las 9:00 de la mañana, por lo que no les había alcanzado el tiempo para siquiera darle una leída, mucho menos, realizar un verdadero análisis, pues el proyecto de ley lo conformaban 60 hojas.

Por su parte, los priistas se negaban a aceptar la solicitud de los panistas, aduciendo que durante los días 31 de octubre, 1 y 7 de noviembre se habían realizado reuniones de trabajo de la Comisión de Hacienda, en donde además participaron la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, a través de su titular Andrés Gerardo García Noriega, e integrantes del Instituto Técnico Hacendario del estado de Colima (Inthec), quienes estuvieron explicando en qué consistía el contenido de esta ley.

“Si ustedes no tuvieron la oportunidad de venir a sumarse a las reuniones de trabajo, les respetamos sus prioridades, pero precisamente para aclarar dudas es que se invitó al Inthec y a la Consultoría Jurídica, y el dictamen que se está presentando es en los términos de acuerdo a la discusión que se realizó en las reuniones de trabajo”, afirmó Santiago Chávez.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea y el coordinador de la bancada de Acción Nacional, subieron a tribuna para señalar que entrarían a la discusión de esta ley, sin embargo anticiparon que no la votarían a favor, pues en el contenido de la misma se está dando manga ancha para que el Gobierno del estado, sin tomar en cuenta al Congreso local, pueda tramitar endeudamientos hasta por 939 millones 919 mil pesos para el propio estado y los diez municipios, cosa que dijeron los panistas no estaban dispuestos a avalar.

Finalmente, una vez que se leyó el documento y se sometió a votación, fue avalado por 13 votos del PRI, diputados independientes y los diputados únicos del PT y Verde Ecologista, ya que estuvo ausente el abanderado de Nueva Alianza. En contra parte votaron en abstención los diez diputados del Partido Acción Nacional y la abanderada del Partido Nueva Alianza.

Se armoniza con la Ley de Disciplina Financiera

Con esta aprobación de parte del Congreso del estado de la nueva Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, se armoniza la legislación local con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y con disposiciones constitucionales en esa materia, las cuales regulan la contratación de financiamientos y la reestructura de créditos.

La Ley de Disciplina Financiera, que se aprobó a nivel federal, entró en vigor tras su publicación el pasado 27 de abril en el Diario Oficial de la Federación, y en los transitorios dispone la obligación de los estados para adecuar su normatividad en materia de deuda pública para armonizarla a éste ordenamiento.

El dictamen de la Ley de Deuda Pública del estado de Colima y sus Municipios, fue presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, que preside el priista Santiago Chávez, a solicitud del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien en el proyecto enviado al Congreso señala que la norma busca establecer reglas claras para la contratación de financiamientos y para el manejo y control de los ya existentes.

La Ley de Deuda Pública fija las bases para la autorización, contratación, operación, registro y control de obligaciones y financiamientos del estado y sus Municipios, así como establecer los mecanismos de garantía, pago, información y rendición de cuentas.

Acorde con las disposiciones constitucionales en la materia y con las de la Ley de Disciplina Financiera, la nueva Ley de Deuda Pública establece que el estado y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura.

Asimismo, la contratación de financiamientos deberá realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Asimismo prevé que la Legislatura, por el voto en mayoría calificada, deberá autorizar los montos máximos para contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

El estado y los municipios de Colima podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La Ley dispone también que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Esta nueva norma contempla un sistema de alertas, en el cual se dispone que los financiamientos contratados deberán estar inscritas en el Registro Público Único y se sujetarán a la evaluación del nivel de endeudamiento realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Sistema de Alertas previsto por la Ley de Disciplina Financiera.

La Ley de Deuda Pública, que se aprobó de panzazo, consta de 50 artículos divididos en 11 capítulos, y con su aprobación se abroga la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima vigente desde el año 2001.

El nuevo ordenamiento establece un apartado de sanciones para los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda del estado o de los municipios, consistentes en el pago de la indemnización correspondiente.

 

Con información de Juan Ramón Negrete Jiménez

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