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ARTÍCULO: En busca de los derechos políticos-electorales, más allá de una petición

Por José Luis Negrete Ávalos

Considerar la democracia como un tema recurrente para debatir es válido, ya que es común que surjan cuestionamientos alrededor de este sistema de gobierno y sus características, pues a partir de la definición de este concepto Demos (Pueblo) Kratos (Poder) que fuera acuñado en la antigua Grecia.

En él se propone de forma clara la participación del pueblo en la toma de decisiones y el destino de las naciones en las que este sistema es descrito, desde la propia Constitución como es el caso de nuestro país.

Tomando este punto como referencia, hablar sobre participación política a partir de las distintas formas de pensar y actuar es lo ideal, aprovechando en lo posible la existencia y desarrollo de mecanismos, reglas y procesos dentro del sistema de partidos que justifican una competencia justa de los actores políticos en el acceso al poder.

Permitiendo a los diversos grupos sociales contar con opciones que los represente, pero, un cuestionamiento claro es ¿qué tanto se cumple más allá de la norma o legislación?  Si se reconoce en particular a las personas con discapacidad, que durante años han puesto sus esfuerzos para ser sujetos de una justa participación política y por tanto su injerencia en la decisión que tiene que ver con situaciones que afectan sus derechos y calidad de vida.

Al respecto de esto el pasado 27 de Julio de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, a propuesta del Magistrado Felipe Fuentes Barrera, “Vinculo al Congreso de la Unión a implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad”. (Expansión Política, 27 de Julio. 2022.)  esto a partir de juicios presentados por 3 personas con discapacidad, que buscan obligar a los partidos políticos la postulación, a cargos de elección popular, a personas que pertenecen a este sector social, considerando, además, el derecho a ocupar puestos dentro de las estructuras partidistas de cara a las próximas elecciones 2023-2024.

Para dar cumplimiento a lo señalado por los tratados internacionales que buscan proteger, promover y asegurar los derechos político-electorales de las personas en condición de discapacidad.

Por esta razón, es importante proponer una posible respuesta a la pregunta descrita líneas arriba ¿qué tanto se cumple más allá de la norma o la legislación? Si se describe la misma de forma rápida y de acuerdo a lo que señala la resolución del Tribunal Electoral, es claro que lo presentado en la norma o legislación, no asegura el cumplimiento de los derechos que le corresponden a las personas con discapacidad, así como, la participación correcta de los partidos políticos dentro del sistema político democrático, pues entorno a ellos y las personas de este grupo social, aún existen temas de discriminación y restricción para afrontar responsabilidades o contiendas electorales, por desconocimiento, falta de espacios de preparación para estas personas en la mayoría de las estructuras partidistas.

Pero sobre todo la apatía, el temor y la duda de las propias personas con discapacidad a realizar de manera efectiva estas actividades, junto a la creencia de la poca utilidad y desempeño que la sociedad sigue imponiendo sobre las personas en esta condición.

Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.

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