Comparece ante el Congreso del Estado, el secretario de Administración y Gestión Pública, Eduardo Rosales Ochoa

Descarta Secretario de Administración venta de la ex zona militar; “no hay ninguna operación en ese sentido”

El secretario de Administración y Gestión Pública, Eduardo Rosales Ochoa, descartó que haya la intención de vender el predio de lo que antes fue la Zona Militar, señalando que hasta el momento no existe la solicitud de ningún interesado, y a escasos seis días hábiles de que culmine esta administración estatal, no se alcanzaría a realizar ninguna operación en ese sentido.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Sexto Informe de Labores del titular del Ejecutivo Estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, el funcionario explicó que en cuanto a esas versiones de vender los inmuebles que se han mencionado, forman parte del patrimonio de Gobierno del estado y particularmente hablando de la ex zona militar fue adquirido como donación a través del órgano de administración patrimonial y donado por el Gobierno federal a través del INDABIN.

Aclaró que “para poder realizar una venta y eso no significa que se vaya a realizar, se tendrían que seguir una serie de pasos, que a mi parecer en los seis días hábiles que restan a esta administración, son prácticamente imposible que se lleven a cabo”.

Refirió que de entrada este comité tendría que sesionar con tres días de anticipación; segundo, tendría que mandarse hacer un avalúo de un bien inmueble para determinar el valor actual, porque hay que recordar que los inmuebles varían su valor día con día.

“Si se tuviera un avalúo de hace ocho meses o un año, no es lo mismo al valor actual; también, si se quisiera enajenar, tendría que subdividirse la parte que se quiera enajenar, para lo cual tendría que tramitarse ante otras instancias no necesariamente de Gobierno del estado y para terminar, el comité de este órgano tendría que recepcionar el interés de algún particular por adquirirlo, cosa que no se ha dado”, comentó.

Rosales Ochoa destacó que si en verdad se estuviera buscando enajenar ese inmueble, debieron cumplirse los pasos antes indicados, “entonces, resumiendo, es prácticamente imposible que en seis días y cachito no se alcanzaría a hacer; el comité correspondiente no ha sesionado y no creo que vaya a sesionar”.

Por otra parte, indicó que en caso de que en verdad existiera algo al respecto, “no lo voy a impulsar”.

“Me comprometo a no firmar nada, nada, que afecte al patrimonio de los colimenses”, señaló el Secretario de Administración y Gestión Pública.

El titular de la Gestión Pública estatal, durante su comparecencia afirmó que para que cualquier dependencia pueda iniciar un proceso de compra en los procesos de adquisición, deben presentar una suficiencia presupuestal que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas, de lo contrario la Secretaría de Administración y Gestión Pública, no puede ejecutar ningún proceso.

En su exposición y luego de escuchar los planteamientos de los y las legisladoras, el funcionario detalló que la dependencia a su cargo siempre tuvo cuidado en verificar que la instancia que es la encargada de administrar el recurso financiero, siempre amparara qué era viable y llevar a cabo los procesos de adquisición.

Señaló que el balance entre los ingresos y los egresos corresponden a la Secretaría de Finanzas, el poder determinar si se están llevando a cabo o no, “lo que sí puedo señalar es que la Secretaría de Administración y Gestión pública ejercer un gasto por dos vías, que son los procesos de adquisición que no son nuestros, ya que nosotros tenemos un comité que ejecuta los procesos que requieren las dependencias y por otro lado, el gasto en materia de nómina”.

Al referirse al tema de la nómina Rosales Ochoa argumentó que siempre estuvo presupuestada y no hubo una sola quincena que el monto de la nómina superara el monto presupuestado y autorizado por el Congreso.

Respecto a dónde se dio el desbalance reveló que eso escapa a la Secretaría de Administración y Gestión Pública, “porque nosotros no conocemos el flujo financiero que tiene el Gobierno del estado, entonces para mí es muy complicado tratar de dar una respuesta financiera porque no la conozco y no me correspondería hacerlo porque caería en una situación improcedente”.

El titular de Administración dijo que entiende la preocupación que han estado manifestando los elementos de la policía por el impago de sus quincenas, “de acuerdo a la información que tengo en este caso de los policías, la ley actual ya contempla que sí se sume la antigüedad de diferentes patrones entre los municipios”.

Sin embargo, expuso que si hubiere una información contraria se le hiciera saber “y de esa manera, con mucho gusto, nosotros poder influir en el entendido de que el Instituto de Pensiones al final del día es un organismo con personalidad jurídica propia, con un consejo autónomo y con un titular”.

Ahora, dijo, si el camino es modificar la ley, el camino sería elaborar una iniciativa para que este Congreso del Estado la pudiera revisar y en su momento aprobar.

Ante las preguntas acerca de cuántos trabajadores fueron despedidos en el último año por el Gobierno del estado, el Secretario de Administración y Gestión Pública, explicó que el personal del que se tuvo que prescindir, fue personal que ya no fue recontratado, por lo que “en estricto sentido no hubo despedidos, se les terminó el contrato y al concluir el mismo ya no fue recontratado”.

Respecto al personal de confianza, “al estar terminando un ciclo de gobierno, no hay nada que por ley obligue al Gobierno del estado, a conservar este personal de confianza, es por ello que se vinieron dando, por esta conclusión del gobierno ya no se requería la misma cantidad de personal”.

Al abordar los nuevos trabajadores basificados, el Secretario de Administración aclaró que él tomó posesión el 31 de agosto de este año y empezó a laborar el 1 de septiembre, encontrándose el tema de las basificaciones, por lo que se abocó a verificar cómo se había dado el proceso.

Destacó que al revisar los expedientes, todos estaban debidamente integrados y las basificaciones se habían dado dos o tres meses antes de su llegada, señalando que al revisar los puestos éstos no eran de nueva creación, sino que ya estaban ahí y todos los trabajadores mostraban antigüedades mayores a seis meses que es lo que exige la ley.

Todas las plazas estaban debidamente presupuestadas y sus expedientes debidamente integrados, por lo que “yo no podía tomar acciones legales, pues no había motivos para poder hacerlo”.

Eduardo Rosales Ochoa informó a los legisladores que toda esta información, “el equipo de transición tenía la información antes que yo, eso porque el proceso de transición ya había iniciado y uno de los primeros elementos que solicitaron fueron precisamente los expedientes de los basificados, lo cual se les aportó”.

Mencionó que en las reuniones que han tenido con el equipo de transición, se les ha otorgado toda la información adicional que han pedido se les ha proporcionado, “entonces ya dependerá de la nueva administración si va a hacer algo, corresponderá a ellos diseñar la mejor estrategia para hacerlo”, concluyó.

Print Friendly, PDF & Email