Busca Colima prohibir que deudores alimentarios o agresores accedan a cargos públicos
El diputado morenista Alfredo Álvarez presentó una iniciativa de ley relativa a adicionar diversas disposiciones a 11 leyes del estado de Colima, para evitar que personas deudoras alimentarias y agresoras accedan a cargos públicos.
En su exposición de motivos, el legislador dijo que “actualmente México es considerado por la ONU como uno de los países que requiere realizar esfuerzos intensos para lograr la igualdad de género, en el marco de los derechos humanos. En nuestro país vivimos una crisis de violencia de género y feminicidios. Curiosamente, cientos de mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y victimizadas por personas o instituciones que vulneran sus derechos humanos”.
Asimismo, resaltó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, indicó que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más en México han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. El 51.6% de estas mujeres manifestó haber recibido violencia psicológica, el 49 7% violencia sexual, el 34.7% violencia física y el 27 4 % violencia económica, patrimonial y/o discriminación en el trabajo
En Colima, la prevalencia es del 73.9%, mayor a la media nacional.
Alfredo Álvarez señaló en su iniciativa que la violencia de tipo económico, además de afectar mayormente a las mujeres, vulnera los derechos de menores de edad, adolescentes y personas adultas mayores, cuando las y los deudores incumplen con sus obligaciones de asistencia familiar, principalmente en las obligaciones alimentarias.
El legislador explicó que, para reducir el índice de violencia contra las mujeres, la familia y, sobre todo, respecto del incumplimiento de obligaciones alimenticias, el Estado debe de actuar en primer término en congruencia de lo que busca proteger y por ello, el servidor público debe coincidir con la misma congruencia y visión de gobierno honesto y responsable hacia las personas.
La presente iniciativa, dijo, tiene el propósito de prevenir, proteger y erradicar la violencia de género en el ámbito gubernamental, pues se persigue inhibir conductas que contribuyan a la cultura de violencia que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como lo son la violencia familiar y/o doméstica, el feminicidio, la violencia sexual y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Las modificaciones a las 11 leyes del estado de Colima, proponen que para ser titular de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a que se refiere esta Ley, además de los requisitos previstos en la Constitución del Estado, en otras leyes o decretos se requiere: 1.- No ser deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o bien tramite el descuento correspondiente.
Estas modificaciones se aplicarían para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, así como a quien vaya a ser titular de la Secretaría Ejecutiva de dicha Comisión; o visitadores generales y/o especializadas.
Asimismo, a quien vaya a ser propuesto como titular de la Fiscalía General del Estado, así como a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y comisionado de Infocol.
Además, a quienes aspiren a ser agentes del Ministerio Público, rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o para ser nombrados secretarios o actuarios de la Salas del Tribunal, o juez de Primera Instancia.
También, estas reformas se aplicarían a quien aspire a ser rector de la Universidad de Colima o auditor superior del Estado; o a quien aspire a ocupar la Secretaría General del Congreso del Estado, entre otras.
Cabe resaltar que este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes (17) la prohibición para que deudores del pago de pensiones alimentarias puedan acceder a cargos públicos, y por primera vez, a los de elección popular.
