El TFJA concluyó que Tagüeña acreditó que la sanción administrativa no tenía ningún fundamento legal.

Cancelan inhabilitación de Julia Tagüeña por falta de fundamentos

Al concluir que es ilegal, un tribunal federal canceló la inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos públicos impuesta a Julia Tagüeña Parga, excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), por un supuesto conflicto de interés en la autorización de 1.5 millones de pesos para un proyecto que coordinaba su esposo.

Según la edición de hoy de Reforma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) echó abajo la sanción que el pasado 16 de marzo le impuso el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al concluir que la científica acreditó su falta de fundamento.

La Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del TFJA, integrada por los magistrados Martha Fabiola King Tamayo, Mónica Karime Bujaidar Paredes y Carlos Humberto Rosas Franco, también ordenó restituirle a Tagüeña todos sus derechos afectados durante los últimos 8 meses.

“En relación con el diverso 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se reconoce el derecho subjetivo de la parte actora para que en el término de ley, la autoridad demandada la restituya en el goce de los derechos que hubiese sido privada por la ejecución de la sanción que ilegalmente se impuso”, dice el resolutivo.

“La parte actora acreditó los extremos de su acción, en virtud de los fundamentos y motivos expuestos en el presente fallo, en consecuencia: se declara la nulidad de la resolución impugnada”.

El resolutivo fue dictado en la demanda de nulidad 11869/21-17-11-8, presentada el pasado 4 de mayo por la física y académica.

Los hechos en los que se basó la inhabilitación, fueron parte de la denuncia que el Conacyt presentó ante la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y académicos.

El TFJA concluyó que Tagüeña acreditó que la sanción administrativa no tenía ningún fundamento legal, es decir, que no se acreditaron los hechos por los cuales el OIC del Conacyt afirmó que había un conflicto de interés.

 

Con información de Reforma

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