El Comentario - Universidad de Colima

COLUMNA: A propósito

La investigación científica se criminaliza (parte 1)

Por Fernando Moreno Peña

El Gobierno federal hace públicas sus diferencias con la comunidad científica nacional, que ya se habían externado que no existe empatía con la academia y con la investigación nacionales, a quienes desde hace dos años se les han cancelado fondos, fideicomisos e incentivos que propicien y estimulen el trabajo de los académicos del más alto nivel, como lo son los Investigadores y los centros de excelencia académica e investigación, que han sido señalados de ser parte de la ciencia neoliberal.

Tras una denuncia de la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla, contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acción penal contra 31 exfuncionarios y exintegrantes de ese órgano.

El 24 de agosto, siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que CONACYT podía entregar recursos al Foro, la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó por “considerar que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”

Ese amparo hace que la denuncia de Álvarez-Buylla y la acusación de Gertz Manero carezcan de sustento jurídico en cuanto a los presuntos delitos de peculado (desvío de recursos para beneficio personal) y uso ilícito de atribuciones y facultades. Según el juez, tampoco proceden las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Si son recursos del CONACYT los que se transfirieron al foro, es dinero que salió del Presupuesto. El dinero no tenía ninguna procedencia ilícita, ¿sobre qué establece el delito de delincuencia organizada?

La FGR va por 25 exfuncionarios administrativos e investigadores del CONACYT que firmaron las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el Foro a lo largo del sexenio anterior.

De acuerdo con la primera acusación que la FGR planteó al juez, los delitos provienen de la existencia de una organización criminal integrada por 31 personas las cuales participaron de alguna forma en las operaciones para que el Foro Consultivo recibiera recursos del CONACYT.

Desde mediados de 2019, Álvarez-Buylla Roces desconoció la relación jurídica con el Foro y negó asignarle recursos para su operación.

La mesa directiva del Foro llevó el litigio a los juzgados federales, mismo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde en agosto la Segunda Sala resolvió que “conforme a la normativa vigente, el CONACYT sí podía transferir recursos a dicha asociación para su operación”.

El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, es señalado como parte del conflicto porque hace unos meses la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, luego de una década que lo había intentado sin éxito porque hasta antes de este Gobierno, los evaluadores del Consejo de Aprobación habían concluido que no tenía los méritos suficientes. Según el escritor Guillermo Sheridan, Gertz Manero documentó un plagio flagrante en la biografía que escribió sobre Guillermo Prieto, que la directora del CONACYT calificó como una “obra notable”.

Presentada la denuncia a la FGR, el fiscal Gertz Manero es señalado de ampliar los delitos por lo que son acusados los investigadores. La FGR les imputa los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La directora del CONACYT ha estado diciendo que ella nunca presentó una denuncia por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada. La denuncia de Álvarez-Buylla se centra en el presunto financiamiento ilegal del CONACYT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un órgano de consulta permanente del Ejecutivo federal y de la Junta de Gobierno del CONACYT, fundado en 2002.

El juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó por segunda ocasión las órdenes de aprehensión que la FGR solicitó desde el lunes contra 31 exintegrantes del Foro y exfuncionarios del CONACYT.

La respuesta del juez en El Altiplano, es que la Fiscalía no justificó con fundamento, razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados en esa prisión donde están capos del narcotráfico o delincuentes que requieren de una alta seguridad.

La resolución del juez fue concordante con la que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que no fue ilegal la transferencia de recursos del CONACYT. No obstante, la Fiscalía General de la República, (FGR), informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra los 31 científicos.

La respuesta de la comunidad académica

La comunidad del CIDE manifestó que la acusación “es absurda e impropia de un país gobernado bajo principios mínimos de Estado de derecho. La mera presentación de científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón, que no sólo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino también en realidad a toda la comunidad académica del país.”

614 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de instituciones de educación e investigación manifestaron ayer su rechazo a la persecución en contra de 31 personas de la comunidad académica nacional

“Estás injustas acusaciones contra miembros de la colectividad académica, entre los cuales se encuentran nuestros colegas, la doctora Julia Tagüeña Parga y el doctor José Franco López, quienes encabezaron el Foro Consultivo y el doctor Enrique Cabrero, quién fue director general del CONACYT, son inaceptables. Exigimos atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos”.

El rector Enrique Graue manifestó la confianza de la UNAM en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia. Graue calificó la acusación como un despropósito inconcebible.

“Creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con respecto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados estaremos atentos y comprometidos en ellos.

“Usar el concepto de delincuencia organizada en la acusación a los científicos abre una nueva etapa represiva contra las personas”.

En un pronunciamiento público, 15 investigadores y académicos que han sido galardonados con el Premio Nacional de Artes y Ciencias exigieron que se detenga el hostigamiento contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y exfuncionarios del CONACYT, “que han servido valiosamente a México, también en puestos de dirección en universidades y centros de investigación”.

Las dos principales figuras de la comunidad científica que quiere encarcelar son Enrique Cabrero, miembro de la Academia de Ciencias, exdirector del CONACYT y del CIDE, catedrático en México, Francia y el Reino Unido, y a Julia Tagüeña, doctorada en la Universidad de Oxford, que fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El Colegio de México señaló: “No se trata esta vez de una laguna de nuestro Estado de Derecho, sino de una utilización facciosa de una de las instituciones centrales en que éste descansa. Quienes firmamos este documento (claustro, estudiantes y exestudiantes de El Colegio de México) queremos expresar nuestra repulsa a las acciones de la FGR y la conminamos a que desista de ellas”.

En los tiempos de la 4T no se persigue a los narcotraficantes, a quienes se les ofrecen abrazos y no balazos, en cambio, se persigue con increíble saña a los peligrosísimos científicos mexicanos.

Este es el Gobierno de AMLO.

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