COLUMNA: Comentario económico  

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado   

Por José Manuel Orozco Plascencia*

Aunque parezca inverosímil, en mayo pasado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México anunció la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Idpro), con el propósito de redistribuir los recursos que sean confiscados o enajenados al narcotráfico, corrupción, donaciones suntuosas y por extinción de dominio, a los municipios más pobres del país para contribuir a su desarrollo y para financiar programas sociales contra las adicciones. Se tiene previsto que durante 2019 se recaudarán 1,200 millones de pesos (SAE, 2019), lo controversial de esta dependencia, es que tiene la instrucción de colocar placas con los nombres de las personas a las que les fue decomisado los bienes, tanto los dedicados a la venta de drogas como a los ladrones de cuello blanco ¿En que beneficia dicha medida a las localidades marginadas? ¿Es necesario agregarle los datos de aquellos que actuaron trasgrediendo las leyes?

Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) será el mismo titular del Idpro. El SAE es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargado de dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, buscando contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano (SAE, 2019). El SAE es una instancia que brinda atención en 12 delegaciones regionales, organiza las subastas a las que hace alusión AMLO, canaliza donaciones a los gobiernos estatales y municipales, puede destruir bienes producto de los delitos de propiedad industrial, por conservación, descomposición y generación de plagas, además de recibir empresas para su regencia o que están en concurso mercantil, quiebre o liquidación.

El SAE al administrar Idpro, trasfiere el decomiso de autos, casas, artículos de oficina, terrenos, maquinaria, material de construcción, menaje de casa, alhajas, efectivo y donaciones recuperado por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el SAT, para posteriormente venderlos, a través de subastas a martillo, a sobre cerrado y en línea. Por ejemplo, el 4 de julio se llevó a cabo una donación de 20.6 toneladas de mercancías (ropa, calzado y utensilios) a la población afectada por lluvias, inundaciones y sismo en Chiapas; el 17 de junio se entregaron 25.6 millones de pesos a los dos municipios más necesitados de México, Santos Reyes Yucuná y Santa María Zaniza, Oaxaca, según Coneval (2018) más del 99% de su población se encontraba en condición de pobreza. El dinero fue obtenido en una subasta de autos organizada en el Centro Cultural Los Pinos, los carros vendidos fueron proporcionados por la FGN y la Presidencia de la República.

En conclusión, el Idpro decomisa y el SAE trasfiere. Este programa responde a una pregunta identificada por la ciudadanía desde hace muchas décadas ¿Qué hacia el gobierno con los bienes incautados a la delincuencia? Con estas acciones, se encuentra una respuesta para que las comunidades pobres reciban financiamiento, con el objeto de regenerar su infraestructura o bien, para que se atienda el problema de las adicciones y de los estragos ambientales. El nombre que se le otorga al Idpro es discutible, pero responde a una inquietud sentida de la población, esperando que los resultados sean tangibles y que se generen datos prospectivos sobre el impacto directo que tendrán los proyectos que emanen del fondo referido. Es un ejercicio innovador, pero en las placas se deberían registrar los nombres de los ciudadanos que han contribuido socialmente y no de las personas que se han conducido en la ilegalidad, esto tiene poco sentido.

*Presidente de la Asociación de Egresados de Economía de la FEUC-UCOL

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