COLUMNA: La Mirilla

El mundo al revés

Por Carlos Rodrigo López González 

En esta ocasión quiero dedicar las siguientes líneas a un tema delicado y lacerante para la sociedad colimense, ya que en dos casos -que posteriormente expondré- podemos dar cuenta de la inseguridad y violencia a las que están expuestas las mujeres por parte de quienes deben procurarla. Irónicamente, con pocos días de diferencia, los y las colimenses fuimos testigos de la aplicación de la justicia sobre dos funcionarios por haber violentado a dos mujeres, aunque la pena entre uno y otro caso es totalmente diferente, pero nos da un indicio sobre la intolerancia de actos que menoscaban la dignidad e integridad de las ciudadanas, sobre todo si los infractores se desempeñan dentro del ámbito público.

Por otro lado, es de resaltar que aunque existen situaciones escandalosas en las que los medios de comunicación posan los reflectores y, con ello, llaman nuestra atención, también habría de importarnos la cantidad de personas que son violadas, raptadas, golpeadas o matadas diariamente en nuestro estado, y entonces podremos entender que existe un problema sumamente grave de inseguridad.

Dejando de lado las percepciones, sólo basta con mencionar cifras arrojadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el 2018, las cuales reflejan un alza preocupante respecto a la cantidad de mujeres asesinadas en la entidad, cerrando el conteo a 79. Si regresamos años atrás, encontraremos que en 2015 se registraron 26 homicidios, y el año siguiente la cifra subió hasta 62, mientras que en 2017 se elevó a 75 el número de crímenes contra personas del sexo femenino. Estos datos simplemente delatan la urgencia para establecer mecanismos más contundentes, así como la planificación de estrategias que contribuyan a la protección de este sector de la población en específico.

Pero ante el mayúsculo reto de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres -que no debería serlo-, las autoridades poco han contribuido a la tarea, es más, pareciera que entendieron lo contrario. Vamos por partes.

Caso Chava “Bueno”

El pasado 10 de julio, Silvia “N”, cónyuge del edil armeritense Salvador Bueno Arceo, denunció a su pareja por violencia intrafamiliar ante la Agencia del Ministerio Público, resultando en una orden de protección para la afectada como primera medida, aunque ésta se realizó ante el director general de Seguridad Pública del municipio costero, lo cual además de ser inoperante, fue peligroso. Lo más lógico hubiera sido solicitar el resguardo a la Policía Estatal, pues dudo mucho que elementos adscritos a la municipalidad, procedieran en contra del máximo jefe en caso de presentarse un segundo episodio violento, por el contrario, serían comparsas de éste. Desde ahí estamos mal.

Después de un mes, llega la resolución de esta denuncia en la que cabe mencionar que la esposa retiró la queja, pero por ser un delito oficioso, se persigue por ley. Las heridas provocadas por la cacha de una pistola (que habría que analizar si cuenta con la legalidad para la posesión) derivaron en una reparación del daño, la cual se compone de 50 mil pesos, restricción para cambiar de residencia, asistencia psicológica para el presidente y claro, no volver a cometer actos de violencia en contra de la víctima, otra vez. Al parecer para la justicia el dinero puede borrar las huellas de un crimen que afecta en gran medida a las mujeres, o tal vez se requiere de una cruz más para que los agresores pisen la cárcel. Ah, pero es que es un presidente municipal, entonces no, ahí déjenlo. Por congruencia y respeto a su figura pública, este sujeto debería renunciar a su cargo; no creo que los armeritenses merezcan a personas así frente al ayuntamiento.

Caso Coquimatlán

El jueves pasado se supo que el ahora exdirector de Seguridad Pública del municipio chigüilinero, presentó su renuncia ante el alcalde José Guadalupe Benavides Florián dos días antes (martes 6 de agosto), esto aduciendo la necesidad de atender asuntos personales de manera urgente. El asunto sí que requería de su atención expresa, ya que se enfrentó a un proceso judicial acusado de cometer un delito, lo cual desde su labor pretende erradicar y no contribuir, teóricamente. Julio “N” violó a una joven en un hotel de paso mientras la víctima se encontraba en estado de inconsciencia por presuntamente haber ingerido alguna sustancia.

Días después, el lunes pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que se inició la vinculación a proceso a una persona de 49 años edad, y que de acuerdo con investigaciones, fue imputada del delito de violación en agravio de una menor de edad, por hechos ocurridos en el municipio de Cuauhtémoc. Ahora, este barbaján cumplirá la condena de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del estado. Vaya ficha con la que contaba la municipalidad.

En ambos casos, a pesar de ser de diferente naturaleza, se pueden detectar dos constantes; el uso artero del poder y la nula segregación entre quienes cuentan no solo con las habilidades, sino con valores y visión humanista y los que no cuentan con un perfil íntegro para servir a la población.

Se requieren funcionarios que por supuesto tengan capacidad de ejercer su trabajo, pero que a la par velen por la protección de los derechos humanos de las y los demás, incluso fuera del ámbito profesional. Cualquier servidor público debe regirse por los valores del respeto y la moral en todos los aspectos de su vida, pues al no hacerlo deteriora su imagen personal y laboral, pero más allá de eso, esas formas de conducirse pueden perjudicar a terceros y provocar graves heridas difíciles de borrar.

Apuntes

*Está fuerte el desempleo y buena la ambición, ya que fueron 19 los aspirantes que entregaron documentación a la oficialía de partes del Congreso del Estado para ser contemplados en la elección de la o el próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Al final, tres no cumplieron con requisitos, entonces serán 16 quienes tienen derecho a la entrevista. Por ahí hay nombres conocidos y otros que no sé de dónde salieron, pero ahí están inscritos. No podía faltar una persona que desde años atrás insiste en vivir del erario, apuntándose a cada puesto vacante en el que haya una jugosa paga, pero dejando mucho qué desear en los cargos que ha desempeñado como presidenta del Tribunal Electoral del Estado y en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, cargo que sólo le duró un mes, por cierto. Los que saben a quién me refiero, me darán la razón.

 

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