COLUMNA: Ojo de mar

Activistas indignados

Por Adalberto Carvajal

En una mañanera, Jesús Ramírez Cuevas presentó una tabla del financiamiento que supuestamente reciben el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, específicamente para combatir el proyecto del tren maya. Pero mucha de esa información no era cierta, reprocha Ernesto Ledesma al coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República.

Con base en esos datos, en diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la totalidad del presupuesto de esas organizaciones está enfocado a frenar los megaproyectos del gobierno federal en el sureste, como el citado ferrocarril peninsular y la refinería de Dos Bocas, apuntó el conductor del programa Perspectivas en Rompeviento TV.

Es injusto el señalamiento, dice Ledesma. Cemda ha venido trabajando también otros temas, como la minería devastadora que el propio Jesús Ramírez expuso en un documental. E Indignación lleva muchos años impulsando acciones que tienen que ver con la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el fortalecimiento del sujeto colectivo.

Con base en una información errada del Presidente, lamentó el periodista, el diario Novedades repitió que Indignación está usando ese financiamiento para combatir el tren maya. Y no es casualidad que los dueños de ese periódico sean también propietarios de la megagranja de cerdos que ha causado destrozos ambientales en Yucatán. Acaso sin proponérselo, la mañanera de López Obrador sirvió a los fines de una empresa como Kekén que ha venido golpeando, desde el sexenio de Felipe Calderón, a organizaciones populares que tienen su base social en la península.

A Jesús Ramírez no le quedó más que reconocer que todo proceso humano está expuesto a errores, y lo más democrático y humano es aceptarlos. Sin embargo, aseguró que respeta el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con la gente como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, y, particularmente, aquellas que protegen a los periodistas.

De hecho, Ramírez ha colaborado en varios momentos con algunas de estas últimas en la discusión de futuras leyes para la asignación de publicidad oficial. Se ha relacionado con ellas incluso como víctima de violencia contra los periodistas, al grado que hace años estuvo en esa calidad en las oficinas en París de Reporteros sin Fronteras.

 

Financiamiento intervencionista

En la emisión del 6 de noviembre de 2020, junto a Jesús Ramírez Cuevas, Ledesma tuvo como invitados a Jan-Albert Hoosten, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, titular del programa Radar y conductor de uno de los espacios que la red de Periodistas de a Pie tiene en Rompeviento TV.

Aunque en un desglose posterior defendería lo dicho por el presidente respecto a las organizaciones que se prestan a la campaña contra el tren maya, el vocero de Palacio Nacional lamentó que se haya tomado esa exposición en la mañanera como una forma de criminalizar a esas organizaciones.

“No es un delito recibir fondos internacionales. Está considerado en la Constitución y son parte de la normalidad que existe en países democráticos, donde es una práctica común que organizaciones no gubernamentales sean financiadas por fundaciones internacionales que se dedican a fomentar la democracia, defender el medio ambiente o promover los derechos de la mujer.”

Ciertamente, el presidente expuso que había organizaciones que tenían, como uno de sus trabajos, oponerse al tren maya; que no pedían corregir el trazo sino que acusaban al gobierno de López Obrador de estar cometiendo un ecocidio y un etnocidio. Pero decir que esos megaproyectos van a destruir la selva, es entrar en generalizaciones que no son las más adecuadas cuando uno quiere defender una causa.

“La investigación que yo presenté viene de una entidad privada, ni siquiera académica, y lo que hice fue corroborar esa información. Todo está en las páginas web de esas fundaciones.”

Dicha investigación reveló que esas fundaciones “tienen intereses y también manejan agendas”. Y en el sureste de México hay agendas del “Departamento de Estado” norteamericano y de fundaciones asociadas a otros gobiernos o a intereses empresariales. “Había que poner en perspectiva que eso existe, porque transparentarlo es importante para la sociedad”, enfatiza Ramírez Cuevas.

 

Ayuda interesada

La sociedad debe saber que hay organizaciones que no cuentan con apoyo nacional y que tuvieron que recurrir a financiamientos internacionales para mantener sus causas, obligadas por la pobreza de la gente que apoyan y la persecución de la que fueron objeto al grado que les cancelaron sus cuentas bancarias.

“Eso lo tiene que saber la gente que está siendo ayudada por esas organizaciones. Muchas veces las comunidades ignoran que quienes llegan a ayudarlos aparentemente de buena gana, en realidad reciben dinero por hacer ese trabajo aunque al final la comunidad no reciba beneficio alguno.

“Que reciban fondos internacionales no hace criminales a las organizaciones no gubernamentales, pero es importante que la gente sepa que dichos financiamientos extranjeros existen. Hay fundaciones trasnacionales con intereses legítimos, pero también otras que dan indicaciones a sus filiales en México para que se opongan a ciertas obras del gobierno.”

Falta transparencia en muchas de esas oenegés. Existen “organizaciones indígenas cuestionadas por los propios indígenas que dicen representar”. Abogados ambientalistas de doble moral que cuestionan un proyecto del gobierno o de una empresa, hasta que estos aceptan su asesoría para elaborar la manifestación de impacto ambiental y les cobran por la fórmula para burlar, con sus propias herramientas, los requisitos técnicos que esas fundaciones imponen. Existe, pues, “ese doble juego de quien hace negocios con los derechos de otros”.

“Es parte del cambio que tiene que haber en nuestro país: hablar abiertamente del papel de los medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales y hasta de los organismos paraeclesiales, de diferentes denominaciones religiosas, que hacen activismo con fondos internacionales. El público tiene que saber qué es lo que hacen y quiénes los financian”, desglosa Ramírez Cuevas.

 

La gente entiende

Para el vocero de la Presidencia de la República, un tema que se cruza con el de las oenegés es esta tendencia a considerar a los ciudadanos como faltos de raciocinio e incapaces de entender lo que está sucediendo; como alguien que no reclama su derecho a la información y a tener su propio criterio para formarse una opinión.

“Los problemas son complejos y nunca son simples las soluciones. Para que una democracia funcione frente a estas realidades, se requiere de un proceso de comunicación de ida y vuelta, de diálogo y consulta. Todo lo que está sucediendo alrededor del tren maya es único en la historia de este país:

“Está habiendo asambleas y debate con los pobladores. Y es claro el interés gubernamental por preservar la selva, cuidar al jaguar y a las otras especies endémicas, conservar la biodiversidad y la riqueza arqueológica. Pero si dejamos las cosas como están, todo ese patrimonio se va a perder porque el proceso de degradación y destrucción del medio ambiente ya está instalado.

“El propósito del tren maya es frenar ese deterioro natural y social: dar trabajo y conseguir fondos para preservar la selva. Las especies vegetales y animales son una de las principales riquezas de este país, pero tenemos que conservarlas con la gente. Este gobierno está apostando a esos proyectos con los pobladores.

“Es una ruta más larga, pero me gustaría que los medios de comunicación documentaran ese proceso, que expusieran cuál es el trabajo que está haciendo el gobierno para cumplir los compromisos con las comunidades.”

Es tan importante cuidar la selva como preservar los derechos de los pueblos indígenas. Por eso, en los procesos de ordenamiento territorial que está habiendo alrededor del tren maya, intervienen universitarios que son especialistas en ecología o en derecho agrario, muchos de ellos jóvenes indígenas.

“En Yucatán no sólo hay megagranjas de cerdos. Todos los procesos industriales de producción de alimentos en esta región del país, están destruyendo cenotes o amenazan contaminar los mantos acuíferos de la península que, como sabemos, están interconectados.”

En palabras de Jesús Ramírez: “necesitamos exponer la complejidad de esta situación, en un diálogo que nos permita establecer procesos de participación social para obligar, lo mismo al gobierno que a la iniciativa privada, a no realizar mega-obras que destruyan el medio ambiente o atropellen a los pueblos, ni tampoco desarrollos industriales o turísticos que arrasen el territorio o degraden los derechos de la gente”.

 

Perfecto equilibrio

En palabras de Jesús Ramírez, “este gobierno tiene voluntad de transparentar su acción”. Y a trabajar en común están invitados las organizaciones no gubernamentales, los ambientalistas del mundo y todos quienes se preocupen por el futuro de los mayas, de las zonas arqueológicas y de la selva. “No ocultamos nada, queremos desarrollo para pueblos que han estado abandonados por siglos, en lo que no era sino una forma de etnocidio”.

“Queremos ir hacia diálogos más constructivos, no porque queramos evadir la responsabilidad sino porque implica una oportunidad para la sociedad tener ahora un gobierno dispuesto al diálogo, a cambiar y aceptar que se equivoca, a ofrecer disculpas a quien lo merece y a reconocer a quien hace una labor social sin cobrar.”

Muchos en el gobierno de la 4T “hemos sido parte de luchas en las que das todo lo que tienes y hasta más, con tal de llevar a cabo una causa ambiental o en defensa de los derechos humanos”.

Por lo demás, “necesitamos una sociedad crítica, participativa y abierta. Para ello debemos contar con medios de comunicación comprometidos con la ciudadanía, no con el poder político, el presidente de la república, los bancos o las empresas refresqueras que se niegan a cambiar la fórmula de una bebida que enferma, o con industrias que se rehusan a parar la producción de alimentos que dañan el medio ambiente o que, por la manera en que se elaboran, atentan contra los derechos de los campesinos y las comunidades indígenas”.

“Necesitamos encontrar un punto de equilibrio entre las ganancias indecentes y las decentes, obtenidas respetando los derechos, promoviendo el desarrollo sustentable y una vida sana.

“Esa es la paradoja que la 4T tiene que resolver: convocar a los medios a transparentar la vida pública y la iniciativa privada, así como a propiciar diálogos y debates constructivos que nos lleven a cambiar el derrotero de esto que parece no tener freno: la destrucción del medio ambiente y, con él, de la vida”, sentencia el funcionario.

 

El tiempo del periodismo

“Estamos en una situación privilegiada como país, y por eso hoy es el tiempo del periodismo, de documentar lo que está pasando, de darle voz a la gente”. Si muchos medios de comunicación no sólo defendieran los intereses de quienes tienen dinero, si le dieron voz a la gente de la calle para saber qué piensa de lo que está haciendo el gobierno y de los problemas que estamos viviendo, o en qué soluciones están pensando, el ecosistema comunicacional “generaría otro tipo de deliberación y debate”.

“Todavía seguimos arrastrando cierto clasismo y racismo en los medios de comunicación: los indígenas y otros sectores están ausentes de los medios de comunicación. Tenemos que lograr una nación incluyente y una vida democrática más viva e intensa, pero al mismo tiempo respetuosa. Todos (gobierno, sociedad, periodistas, oenegés) tenemos que aprender a hacer transparente lo que hacemos, pero siempre respetando los derechos de los demás a actuar, hacer, opinar y participar”, concluye Jesús Ramírez Cuevas.

 

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.

 

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