Colima

Deben poderes del Estado involucrarse en la optimización del sistema judicial: Pablo Navarrete

El presidente del Colegio de Abogados Postulantes e integrante de la Comunidad Jurídica Unida por una Justicia Pronta y Expedita, Pablo Navarrete Zamora, dio a conocer que hasta el momento, ni el Poder Legislativo ni la titular del Ejecutivo estatal, Indira Vizcaíno Silva, se han pronunciado en torno a la solicitud de involucrarse para coadyuvar a garantizar la eficiencia en la impartición de justicia en el estado.

“El movimiento Por una Justicia Pronta y Expedita busca dejar la justicia de antaño, ya que es un sistema caduco con base a tratados internacionales y convenciones en derechos humanos que se han elaborado, se busca cambiar todo el sistema, es la nueva modalidad que se debe aplicar en ese sistema de justicia”, expresó. 

Abundó que hay letargo en la implementación del nuevo sistema judicial que se tiene que hacer.

Indicó que el documento del manifiesto fue entregado en el despacho de la gobernadora y que esperan que lo lea y tome cartas en el asunto, “porque como parte de los tres órdenes de gobierno, debe ser de su interés impulsar las reformas de ley que están previamente establecidas”.

Navarrete Zamora indicó que el documento se entregaría hoy al Poder Legislativo, siendo éste, dijo, un órgano de gobierno que debe involucrarse, al tratarse de una reforma integral para los tres órdenes de Gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Resaltó que el planteamiento de Comunidad Jurídica Unida por una Justicia Pronta y Expedita es un tema de interés de Estado, y no han tenido respuesta ni llamado del Legislativo, el Ejecutivo ni del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pese a que este último le fue entregado hace poco más de un mes.

Recordar que el planteamiento de la Comunidad Jurídica plasmado en lo que llamaron “Manifiesto Judicial”, es un pliego de peticiones para hacer eficiente el Sistema Judicial en Colima.

Pablo Navarrete indicó que pese a que no han tenido acercamiento con ninguno de los tres poderes, el movimiento sigue caminando: “El siguiente paso es que presentaremos una iniciativa para hacer una reforma a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que en la designación de magistrados exista más control, ya que se nombran magistrados a modo, donde no se respeta la carrera judicial ni el escalafón”.

“Queremos que se implemente porque así lo establecen las recomendaciones de la ONU de derechos humanos”, refirió.

De igual manera, Navarrete Zamora aclaró que con base al presupuesto 2022 que se le asigna al Poder Judicial, el cual es de 243 millones de pesos, implican un costo de 28 mil pesos por hora lo que cuesta operar al Supremo Tribunal, 665 mil pesos diarios y 20 millones de pesos al mes.

“Por presupuesto no basta, creemos que es bastante generoso y da cabida a que se modernice el sistema, que el Centro de Estudios Judiciales que existía, y que se desintegró por falta de presupuesto y voluntad en 2020, vuelva a implementarse para tener una carrera judicial constante, la capacitación de los funcionarios sobre todo en el tema de derechos humanos y las nuevas modalidades que es una tendencia”, añadió.

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