Foto de Dante Alfaro.

Demandan periodistas invalidar artículo que lesiona la libre expresión

Periodistas del estado de Colima acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad a interponer una queja mediante la cual solicita a la institución promover una acción de inconstitucionalidad, para que se deje sin efecto el Artículo 240 Bis del Código Penal para el estado de Colima, por considerar que se atenta en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión.

Encabezados por el presidente del consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Juan Ramón Negrete Jiménez, reporteros de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo, acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del estado, donde fueron atendidos por el ombudsperson Sabino Hermilo Flores Arias, quien recibió el documento de protesta.

En su intervención, Negrete Jiménez señaló que la queja es en contra del Congreso del Estado de Colima y las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Igualdad y Equidad de Género, de la Quincuagésima Novena Legislatura, por haber presentado una iniciativa para adicionar el Artículo 240 bis al Código Penal para el estado de Colima, la cual fue aprobada por el pleno.

“Los periodistas de Colima nos sentimos vulnerados en nuestras garantías individuales y lesionados por este Artículo 240 Bis, pues no solo nos están amordazando, sino que nos están impidiendo realizar nuestro trabajo con plena libertad, bajo la amenaza de llevarnos a prisión y ser sancionados económicamente”, dijo Negrete Jiménez.

Agregó que es un hecho que agravia no solo a los periodistas de la entidad, sino a todas las personas que manejan redes sociales, prensa escrita, televisión análoga o digital, pues se está vulnerando la libertad de expresión.

De acuerdo a esa adición que se hizo al Código Penal, se castigará a quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, con una pena  de 3 a 6 años de prisión y una multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

En un segundo párrafo de ese nuevo artículo, añade que la sanción se incrementará si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud; la pena de prisión será de 4 a 7 años y la multa de 70 a 130 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Y en un tercer párrafo destaca que, en razón de género, y tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de 4 a 8 años y la multa de 80 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

“El gremio periodístico del estado considera que ésta es una ley mordaza que censura la labor periodística, y por la manera en que está redactado, nos está dejando en un estado de indefensión ante cualquier autoridad”, refirió.

Destacó el periodista que se violan los artículos 1, 6, 7, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 y 2, fracciones III y IV, así como el artículo 5, entre otros, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y lo preceptuado en diversos artículos de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el estado de Colima.

Por lo anterior, Negrete Jiménez solicitó a Flores Arias que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia federal y se exija se declare inválido por inconstitucional, el citado artículo.

 

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