Denuncia AI que el Estado peruano socavó la “libertad de expresión y reunión”
Amnistía Internacional (AI) denunció que las autoridades peruanas “socavaron la libertad de expresión y de reunión” durante las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre y que, aseguró, fueron reprimidas de forma ilícita con “violaciones de derechos humanos”.
En el capítulo peruano de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización recuerda que, al concluir 2022, al menos 22 personas habían fallecido y otras decenas resultaron heridas “en el contexto de la represión ilícita” de las manifestaciones sociales que comenzaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y que, a la fecha, dejan un saldo de 77 muertos.
“En varios casos, la respuesta de las autoridades a las protestas se tradujo en violaciones de derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza”, sentencia AI, antes de criticar la vigencia de la denominada Ley de Protección Policial que, afirma, limita la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
Sobre la libertad de expresión, el organismo señala que “las declaraciones oficiales menoscabaron la libertad de prensa” e indica que, según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en todo el año se registraron más de 300 ataques a la prensa, 63 de ellos en el contexto de la crisis social y política de diciembre.
En su informe, AI también menciona el archivamiento por parte del Congreso de un proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú y califica de “deficiente” la actuación del país contra la crisis climática y la degradación ambiental.
En esa línea, asevera que las autoridades “no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación provocada por metales y otras sustancias tóxicas”, a pesar de que “había financiación disponible” para brindar atención médica especializada a esas comunidades.
Lamenta, además, que el Tribunal Constitucional “no tomó en consideración el rango constitucional de los tratados internacionales” ratificados por Perú, al declarar inadmisible una demanda interpuesta por varias comunidades indígenas en relación con las concesiones mineras existentes en su territorio.
Por otro lado, pero aún en materia climática, el informe menciona el derrame de 2,500 barriles de petróleo de la empresa estatal PetroPerú ocurrido en septiembre en la región amazónica de Loreto, así como el vertido de 11 mil barriles de crudo, en enero, en una refinería de la española Repsol, en el norte de Lima.
Mujeres y población LGBTI+
Sobre los derechos de las mujeres y niñas, el documento recoge datos oficiales que muestran que, en 2022, el país andino registró más de 25,400 casos de violencia sexual, de los cuales 7,500 fueron contra menores de edad, además de 124 feminicidios y alrededor de 11,500 mujeres y niñas desaparecidas.
El documento alerta, también, de un proyecto de ley presentado en el Parlamento que, de ser aprobado, “pondría en peligro el acceso al aborto”.
Además, recuerda que Perú sigue siendo uno de los pocos países de América del Sur que no reconoce la identidad transgénero o el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras persiste “la discriminación y las agresiones contra las personas LGBTI”.
AI recordó que al menos 6 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2022 y señaló que “las autoridades no proporcionan seguridad suficiente” a los defensores que “corren un mayor peligro debido a la tala ilegal y el tráfico de drogas”.
Asimismo, lamenta que miles de personas no pudieron acceder a los programas de regularización migratoria, que siguen siendo “complejos e insuficientes”, así como el hecho de que el sistema de tramitación de solicitudes de asilo continúa suspendido.
Con información e imagen de EFE
