Denuncian caso de indígena que tiene 3 años presa por un aborto involuntario
La indígena Aurelia García Cruceño, quien sufrió violación sexual por parte de una autoridad de su comunidad en el municipio de Chilapa, está en la cárcel de Iguala desde hace 3 años por un aborto involuntario, sin embargo, las autoridades del Poder Judicial de Guerrero tipificaron el acto como un homicidio en razón de parentesco.
De acuerdo a lo difundido por el diario Reforma, el violador de Aurelia está libre y ella se mantiene en la cárcel desde octubre del 2019 porque la Fiscalía General del Estado (FGE) armó un expediente para culparla, creando falsos testigos para discriminarla y criminalizarla, denunció Ana Gabriela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres de Guerrero.
Aurelia fue violada sexualmente por un hombre en mayo del 2019 en Xochicalco, comunidad del municipio de Chilapa, en Guerrero.
Por la estigmatización que hay en su pueblo de que una mujer sin estar casada no puede tener relaciones sexuales, en junio del 2019, Aurelia huyó hacia Iguala sin saber que estaba embarazada. El 2 de octubre tuvo sangrado vaginal lo que le ocasionó la expulsión del feto, fue hasta ese momento que Aurelia supo de su embarazo, sin embargo, días después, cuenta la activista Ana Gabriela Candela, Aurelia se empezó a sentir muy mal por lo que fue internada en un hospital de Iguala.
Aún convaleciente se percató de que la habían esposado, además fue sujeta a un proceso judicial por el delito de homicidio en razón de parentesco y pese a las irregularidades en la carpeta de investigación y a la criminalización en su contra, Aurelia fue sentenciada a 13 años con 7 meses de prisión, detalló Reforma.
Pero por la intervención de las abogadas la sentencia contra Aurelia fue revertida y ahora se ventila un nuevo proceso en el juzgado penal de Iguala en donde este jueves se realizó la última audiencia y se espera que en breve la juez dicte la sentencia que esperan que sea absolutoria.
Durante la audiencia, la defensa mencionó que después del aborto involuntario que tuvo Aurelia, la FGE no designó ningún traductor que le explicara los motivos de su detención, por lo que calificaron este acto como una inconsistencia más en el expediente, además, en el hospital le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.
Indicaron que la única prueba que presentó el médico forense para determinar la culpabilidad de Aurelia fue la docimasia pulmonar. La cual “se utiliza en todos los casos de homicidio en razón de parentesco y que de acuerdo a la comunidad científica y de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta prueba tiene un alto margen de error y no es confiable”.
La activista denunció que el caso de Aurelia es un acto de discriminación y criminalización por lo que exigió que se le deje en libertad.
Con información de Reforma.
