Dicta Derechos Humanos medidas cautelares ante motín del Cereso
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Sabino Hermilo Flores Arias, dio a conocer la emisión de un documento sobre las medidas cautelares respecto a los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, el pasado 12 de mayo, el cual tuvo un saldo de tres personas fallecidas y 15 lesionados.
El anterior, dirigido al maestro José Alfredo Lara Guerrero, director general de Prevención y Reinserción Social del estado, por haberse cometido una amenaza al derecho humano de la salud y la vida, pues según las evidencias, en el enfrentamiento o motín al interior del centro de reinserción, varias personas privadas de su libertad perdieron la vida y otras más resultaron lesionadas, así como personal administrativo y de custodia.
El documento señala que el Estado tiene la obligación de establecer condiciones de seguridad en los centros penitenciarios para proteger tanto a las personas privadas de su libertad, como al personal directivo, administrativo, de custodia, médico y enfermería, “por lo cual, este organismo protector advierte que existen diversas circunstancias de inseguridad que podrían ocasionar posibles violaciones a los derechos humanos de no realizar las acciones recomendadas en la presente medida”.
El motivo del enfrentamiento, según las pruebas, fue la restricción de las visitas de familiares a las personas privadas de su libertad, para cumplir con las medidas sanitarias emitidas por las autoridades a fin de prevenir el contagio del virus Covid-19.
Cabe destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, y de acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2019, el estado de Colima, con sus tres centros penitenciarios con los que cuenta, obtuvo la calificación de 6.76 y específicamente el Centro de Reinserción Social de Colima, 6.01.
Según la diligencia de inspección, al interior del centro se encontraron objetos como escombro y piedras, por lo que se consideró necesaria una exhaustiva supervisión de ingreso de personas y la revisión de las estancias, para controlar incluso el acceso de drogas enervantes, sustancias y objetos prohibidos y/o peligrosos como arnas de fuego o celulares.
Sobre el uso de la fuerza, la medida cautelar destaca que deben llevarse a cabo todas las diligencias e investigaciones que garanticen que las víctimas accedan a la justicia y efectiva reparación del daño, y que el personal de seguridad y custodia aplique correctamente los protocolos de uso de la fuerza.
Con el objetivo de que se tomen las medidas necesarias y urgentes dentro de su competencia, para garantizar el derecho a la vida y a la salud de las personas privadas de su libertad, se deberá, entre otras medidas, capacitar al personal administrativo y de seguridad en caso de motines, mantener las restricciones a las visitas, por el tiempo estrictamente necesario con base a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del Covid-19.
También, realizar las reparaciones a la infraestructura del centro de reinserción social, así como recolección de escombros o piedras de su interior, y observar lo dispuesto en el Pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad.
