EDITORIAL: De la reflexión y queja, a las acciones

Ayer, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) lanzó a nivel mundial la campaña “Nada es igual si alguien desaparece”, con el objetivo de crear conciencia de lo que supone la ausencia de los desaparecidos. La voz de alerta y ayuda, según AI, se sustenta en que ese daño, muy cruel y traumático, que se prolonga en el tiempo y causa severas afectaciones de tipo físico, psicológico y económico en familiares y miembros del entorno de quienes se desconoce su paradero.

En México, la ola de violencia e impunidad ha provocado que la desaparición de una o varias personas a manos de particulares o de aparatos del Estado, sean de seguridad o no, se vuelva una constante. Son miles los casos denunciados por organizaciones civiles, que esperan desde hace años una respuesta. Detrás de cada uno de esos llamados a impartir justicia, sobreviven miles de familias condenadas a cargar con la incertidumbre y a luchar contra el aparato burocrático que se niega, por complicidad u omisión, a profundizar las investigaciones y poder ofrecer respuestas.

Aunque se denunciaban casos, hasta hace algunas décadas, esas tragedias tenían como escenario latitudes lejanas, principalmente en las dictaduras latinoamericanas. Esa realidad ha alcanzado a México. Sin ser alarmistas, es necesario aceptar, empezando por las autoridades, que la desaparición forzada es una práctica cada vez más frecuente en nuestro entorno. Por ello, es necesario presionar desde diferentes ámbitos para pasar de la reflexión y la queja, a las acciones concretas a favor de las víctimas y de sus familiares.

Así, también ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un exhorto a la Cámara de Diputados para que exista un compromiso y voluntad de los grupos legislativos, para aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones, la tan aplazada Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

El órgano pidió, de igual forma, que el Gobierno federal acepte para México, la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, con el objetivo de que se puedan recibir y examinar comunicaciones de las personas que aleguen ser víctimas de violaciones por parte del Estado.

Organizaciones e instituciones relacionadas con el tema, han pedido la aplicación de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones derivadas de las desapariciones. Exigen que se generen las condiciones para la investigación y sanción de este delito, para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la justicia, a la verdad y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.

Lo cierto es que las desapariciones forzadas se mantienen por el alto índice de impunidad que padece México. Los diagnósticos internos y externos reflejan que hay una falta de procuración de justicia pronta y expedita. Los casos y denuncias se archivan, no hay investigaciones policiales eficaces y, en consecuencia, no se localizan a las víctimas. Hay un abandono judicial. Lo peor es que toda esa cadena de infortunios coloca a agraviados y a sus familias, en una situación grave de indefensión y abandono.

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