EDITORIAL: Las mototaxis

Una movilización de choferes de taxis y autobuses de transporte público realizaron bloqueos en importantes vialidades de la ciudad de Colima, exigiendo así que el Gobierno del estado, desde su perspectiva, aplique de una vez por todas la Ley de Movilidad local y prohíba la circulación de motocicletas adaptadas para el transporte de personas.

No es un conflicto nuevo. Los gremios de mototaxis, así como autobuses urbanos y taxistas, mantienen desde hace meses la tensión exigiendo la regularización de su servicio, los primeros, y su desaparición, los segundos.
Las perspectivas encontradas plantean que un servicio de esa naturaleza, con motocicletas adaptadas al transporte de personas, es sumamente peligroso al no contar con los aditamentos mínimos que permitan resguardar a quienes transportan.

Argumentan, además, que la Ley Estatal de Movilidad no contempla en ninguno de sus apartados a las mototaxis como parte del servicio de transporte. Por lo tanto y hasta que no se modifique la normativa, se trata de un servicio ilegal.

Enfrente, los mototaxistas aseguran que es necesario modificar la normativa para permitir una cierta modernización del transporte estatal, permitiendo alternativas que son mucho más baratas para la población. Consideran que, en la oferta y la demanda, los usuarios deben tener la oportunidad y libertad para elegir, teniendo muy en cuenta su ecapacidad económica.

En medio de ello, las autoridades estatales, municipales y hasta el Poder Legislativo, han intentado mediar y conciliar entre las partes, sin mayor éxito o alcance que las buenas intenciones. En ese comportamiento, reclaman las partes por igual, no ha habido decisión en firme.

Urge trabajar en propuestas y soluciones muy serias para evitar que el conflicto escale. Dar la razón a una u otra parte, sin considerar las particularidades de los gremios enfrentados, solo implicaría alargar diferencias y poner en riesgo el correcto servicio de transporte estatal.

Deben buscarse, con base en el diálogo y la apertura, los puntos coincidentes que permitan conciliar el derecho al trabajo, de unos, y que se respeten las históricas concesiones que los taxistas y choferes se han ganado con esfuerzo, trabajo y dedicación. La legalidad, en todo caso, debe dar estabilidad a un servicio fundamental para la ciudadanía.

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