EDITORIAL: Nueva iniciativa

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), agenda impulsada por las Naciones Unidas, la equidad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para garantizar un futuro mejor. Sin embargo, esa búsqueda no es constante en regiones como América Latina y el Caribe, donde 14 de los 25 países que la conforman, registran las más altas tasas de feminicidio en el mundo.

Organismos de la propia ONU han denunciado año con año, que en América Latina y el Caribe, el ser mujer es realmente peligroso. Los registros apuntan a que 12 mujeres y niñas son asesinadas cada día y, sin embargo, el 98% de los casos no se judicializan y mucho menos obtienen una sentencia condenatoria contra él o los culpables. Por sí solas, esas estadísticas deberían servir de palancas para que los gobiernos de la región realmente se comprometan a aplicar políticas y acciones que protejan los derechos y la dignidad de las mujeres.

Desgraciadamente, en la zona de América Latina y el Caribe existe una cultura de alta tolerancia hacia la violencia ejercida contra las mujeres. Ese tipo de violencia está normalizada y pareciera que no hay nada más que hacer, porque la sociedad lo percibe como una parte de la vida de las mujeres por la cual deben pasar, especialmente aquellas cuyas familias son de escasos recursos o tienen bajos niveles de educación.

En esa Agenda 20-30 de  la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ningún país de América Latina o el Caribe está en condiciones de perfilarse para alcanzar la equidad de género en el plazo estipulado. Incluso, en los países desarrollados persiste una gran deuda en ese sentido.

La violencia contra las mujeres es una profunda injusticia mundial. Es un gran obstáculo para cumplir los derechos humanos de las mujeres y niñas y alcanzar esos anhelados Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un esfuerzo para revertir la realidad es la llamada Iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea (UE) y la ONU para erradicar el feminicidio en cinco países de la región: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

La propuesta arrancó en 2017 y su compromiso es aportar inicialmente, unos 500 millones de euros procedentes de la UE, los cuales se invertirán, sin intermediarios, en políticas para hacer realidad la igualdad de género y lograr el empoderamiento social, educativo y económico de las mujeres latinoamericanas y caribeñas.

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