EDITORIAL: Nuevo pulso

Hay ya otro frente, diplomático por lo menos, abierto entre los gobiernos de Estados Unidos y México, después de que el presidente Donald Trump anunciara que desde hace 90 días se encuentra inmerso en un proceso judicial y político para que su país pueda imponer el estatus de “organizaciones terroristas” a los carteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas.

La masacre sufrida por la familia LeBarón -cuyos miembros tienen también la ciudadanía estadounidense- aceleró el proceso aunque el tema no sea nuevo porque, desde la visión de Trump, como terrorismo se pueden considerar las actividades de las organizaciones criminales mexicanas que año con año causan más de cien mil muertes de estadounidenses.

De acuerdo con los especialistas, terrorismo es un tipo de violencia que tiene diversos motivos, principalmente religiosos o políticos. Los grupos terroristas buscan aniquilar el orden establecido para imponer un clima de terror e inseguridad a sus adversarios o a la sociedad en general. Cierto es que hay actos extremadamente violentos, con múltiples víctimas mortales, que no son actos terroristas, porque su motivación no encaja en el catálogo que para ello integran los Estados de acuerdo a sus agendas políticas.

Sin embargo, una organización o persona puede ser considerada terrorista o patrocinadora del terrorismo cuando utiliza la violencia de forma premeditada para atacar a civiles o a actores no combatientes, provocando con ello un clima de terror. Hay entonces un cruel mensaje porque el terrorismo no es violencia que causa terror, sino violencia pensada y creada para sembrar el terror.

Así y apelando al principio de extraterritorialidad, Estados Unidos ha utilizado la etiqueta de terroristas o patrocinadores del terrorismo, para justificar “ataques quirúrgicos” en cualquier parte del mundo en aras de la defensa de su seguridad e intereses. De esa manera ha destruido objetivos lo mismo en Irak, Irán, Libia, Yemen, Sudán, Somalia o Níger, que en el Chad.

Frente a esa posibilidad abierta por Trump para actuar militarmente en territorio mexicano, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado inmediatamente y buscará arrancar a Washington una “hoja de ruta” que establezca como prioridad en la relación bilateral, el combate a los carteles mexicanos de la droga.

Ese acuerdo, según el Gobierno mexicano, deberá comenzar y terminar con el combate al tráfico de armas de Estados Unidos a México; con anular los flujos monetarios de las organizaciones criminales y con la eliminación del contrabando de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas.

Hay, pues, un nuevo pulso entre Washington y la Ciudad de México.

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