EDITORIAL: Sin legitimidad
En un nuevo ataque al derecho de Autonomía de las universidades públicas, el pasado 30 de diciembre de 2019, el gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García, remitió al Congreso de esa entidad, una iniciativa de ley que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), mismas que fueron aprobadas el 4 de enero de 2020.
De acuerdo con un pronunciamiento firmado por 21 rectores integrados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) -entre ellos José Eduardo Hernández Nava, de la Universidad de Colima-, la iniciativa aprobada en Nayarit “constituye una flagrante violación a la Autonomía de la UAN, ya que es contrario al espíritu y a la letra de lo que en referencia a la Autonomía Universitaria establece la fracción séptima del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Para los rectores, el procedimiento para modificar la Ley Orgánica de la UAN “es inaceptable por antidemocrático”, debido a que “fue llevado a cabo de manera unilateral sin escuchar la voz de los universitarios a través de un diálogo amplio y profundo con los cuerpos colegiados y la comunidad académica de la UAN”.
En ese mismo sentido se pronunció la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, integrada por los coordinadores de las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, PT y Encuentro Social, quienes consideran que esas reformas propuestas por el gobernador Antonio Echevarría García y aprobadas por el Congreso nayarita, “pueden ser contrarias a la Autonomía de esa casa de estudios, conforme lo dispuesto en la Fracción VII del Artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se reconoce la garantía de las universidades autónomas para gobernarse a sí mismas, atender las funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación, así como administrar su patrimonio”.
Así, desde la perspectiva de la Anuies y de los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados, la reforma unilateral a la Ley Orgánica de la UAN carece de toda legitimidad al violar no solo el principio constitucional de Autonomía del que gozan las instituciones de educación superior, sino porque agrede y minimiza a su comunidad al negarle el derecho a opinar sobre su funcionamiento, lo cual no garantiza que esa institución pueda cumplir cabalmente con sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura.
Muy decente sería que tanto el Gobierno como el Congreso de Nayarit, repongan el agresivo proceso, procedan a la derogación de las reformas aprobadas, considerando que la propia comunidad de la Universidad Autónoma de Nayarit es el único ente con derecho a decidir sobre su funcionamiento y futuro. Así debe ser en todas las universidades públicas.
