Opinión

EDITORIAL: Una deuda

En las principales ciudades de América Latina, ayer millones de mujeres al son de los colores morado y verde se movilizaron para exigir el respeto a sus derechos y el fin de la violencia ancestral que sobre ellas se ha venido ejerciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Las marchas y protestas de este 2020, coincidieron los medios de comunicación, han sido las más multitudinarias registradas en la región en los últimos años. Las condiciones se han dado para ello: hay una rabiosa y natural exacerbación por la ola de violencia y desigualdad en contra de mujeres por el solo hecho de serlo.

Esas mujeres de México, junto con las de Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina o Brasil, abarrotaron las calles para exigir igualdad de oportunidades, el derecho a abortar y un freno a la violencia machista; reclamaron a los gobiernos latinoamericanos trabajar para mejorar las condiciones de vida de más de la mitad de la población y exigieron a quienes las gobiernan, que apliquen la perspectiva de género al momento de diseñar sus políticas públicas. Ellas demandan no seguir siendo ignoradas y, sobre todo, mostraron su miedo a convertirse en una cifra de las estadísticas mortales que en esta parte del mundo esconde una verdadera tragedia. Solo hay que recordar que en nuestro país se asesina, en promedio, a 10 mujeres al día.

Aun así, las reivindicaciones del 8-M en América Latina, al igual que en el resto del mundo, incluyeron darle prioridad a que se multipliquen leyes, normas e intenciones que permitan igualar las condiciones entre hombres y mujeres en el campo de la justicia, en el aspecto laboral, en el área educativa y de la salud, incluso, en la esfera de la participación política.

Para ello, la educación básica y superior es una de las claves para ir reduciendo diferencias y eliminando injusticias. A través de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, nuestras sociedades estarán promoviendo oportunidades de desarrollo y de movilidad social. La finalidad de esa educación debe ser la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de niñas y mujeres.

Esa misma educación de calidad también permitirá sentar las bases para que el Estado ahora considerado opresor y hasta protector de los agresores y asesinos de las mujeres, se aplique en legislar para prevenir y castigar esos crímenes de odio. La impunidad no debe seguir siendo la regla. Esa es una deuda que todos mantenemos con las mujeres y con las familias de aquellas que ya no están. La impunidad no debe seguir siendo la regla.

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