Estima Armando Reyna que, ante amparo de Nacho, juzgado favorecerá al Congreso
Para el diputado local Armando Reyna, el hecho de que el exgobernador Ignacio Peralta se ampare ante la notificación de 2 juicios políticos que el Congreso del Estado ha solicitado, prueba que se da por aludido. Consideró que le será negado, pues la razón jurídica está del lado de la Legislatura local.
En una entrevista, el coordinador de la bancada de Morena en la Sexagésima Legislatura, corroboró que Peralta Sánchez solicitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de la notificación que el Congreso realiza sobre ambos juicios políticos.
“Nos están pidiendo que rindamos un informe para ya poder resolver si le van a dar el amparo o no”, refirió. Detalló que lo que percibió sobre la notificación emitida por el juzgado, es que el amparo está relacionado sobre el lapso temporal en la que se efectúa la notificación, es decir, un año después de concluido su mandato.
“Pero la ley de juicio político nos marca ese tiempo para la admisión del juicio, para que sea denunciado y admitido, mas no para ser notificado”, precisó el legislador. En ese sentido, estimó que la determinación final fallará a favor del Congreso, pues los asiste la jurídica.
Cuestionado sobre el estatus político del exgobernador, el presidente de la Comisión de Responsabilidades argumentó que al ir a buscar un amparo se está dando por notificado; sin embargo, “no se ha apersonado aquí en el Congreso para hacerlo, pero sí va y solicita, entonces quiere decir que ya se está dando por notificado”.
Refirió que el proceso se está realizando conforme a derecho, cuidando mucho las formas y respetando lo que establece la ley para cumplir con las especificaciones del proceso.
De acuerdo al Sistema de Información Legislativa (SIL), un juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso -la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia-, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la misma, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En este caso, al ser un extitular del Ejecutivo estatal el señalado, es competencia del Congreso local emprender dichas acciones. Cabe precisar que las denuncias contra Ignacio Peralta, presentadas por “presuntos y evidentes actos de corrupción en contra del pueblo de Colima”, fueron llevadas a cabo por las exdiputadas de Morena en el Congreso del Estado, Claudia Aguirre Luna y Araceli García Muro, en 2021.
