Evitará nueva Ley de Pensiones que del gasto corriente se pague a jubilados

El presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, dijo que la iniciativa sobre la nueva Ley de Pensiones, presentada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, evitará que con el tiempo, se siga destinando gasto corriente al pago de las pensiones y jubilaciones de la burocracia.

“Este es uno de los grandes temas estructurales que requieren de una visión de Estado, que con toda claridad advierta los riesgos y las consecuencia que tiene, en un futuro, seguir reproduciendo un sistema como el actual, en el que, en pocas palabras, lo tenemos que decir, no tenemos un Instituto de Pensiones que vaya juntando el dinero de los trabajadores para que de ahí salgan los recursos que se les habrán de entregar una vez que termina su vida laboral”.

Lo que se quiere evitar, sostuvo, es que cada uno de los municipios, el propio Gobierno del estado y las dependencias de los tres poderes, tomen primero de su presupuesto ordinario para cubrir esas necesidades.

Señaló que en el caso del municipio de Colima, “cada año tenemos que tomar del presupuesto soberano 40 millones de pesos para cubrir el pago de los pensionados y de los jubilados del ayuntamiento”.

Con la nueva ley, aseguró, “los que han adquirido ya el derecho, los que forman parte de este sistema imperfecto y con deficiencias, no tienen ninguna modificación, seguirán recibiendo sus pensiones en la misma forma en que se ha hecho hasta hoy”.

Sin embargo, dijo, los que están próximos a jubilarse, a partir del momento de la aprobación, entrarán en un proceso donde gradualmente irán emigrando a este nuevo sistema.

“Esto tiene un significado importante para los que aún no laboran en el sistema gubernamental, pues ellos entrarían con nuevas reglas, que entre otras cosas lo que implica es ampliar el período en activo para que la edad en la que se retiren sea mayor y también para que haya una contribución por parte del trabajador y de los Gobiernos municipales y las diferentes entidades que forman parte de este sistema, con el propósito de poder contar con un fondo con los recursos suficientes para que de ahí salga el dinero para pagar las pensiones”.

En ese sentido, dijo, “es una decisión que, como lo expresó el gobernador, empezará a surtir efectos significativos en diferentes grados para cada una de las entidades. Nosotros, de tomar esa decisión este año, estaríamos en una situación en la que la gravedad del problema está en el porcentaje que impacta las finanzas públicas municipales, pues se estacionaría en el orden del 25 por ciento de los recursos disponibles de manera soberana para aportarlos al sistema, y durante los próximos 15 años, se quedaría en un porcentaje de 22 a 25 por ciento, y después, a lo mejor en 25 o 30 años, vendría una disminución para quedar finalmente estabilizados los recursos comprometidos en un 10 o 15 por ciento”.

El propósito, insistió, es frenar el incremento de los recursos comprometidos para seguir aportando dinero soberano y apostar a que en el largo plazo se disminuya a niveles mucho más manejables y contribuya a sanear las finanzas públicas.

“En pocas palabras, es una decisión que hay que tomar ahorita, para en el largo plazo disponer de dinero que sea utilizado para obra pública y en programas sociales. Por ello, es una decisión que se tiene que tomar con visión de Estado porque los costos políticos que implica esta medida se habrán de absorber en la actualidad y los beneficios se tienen calculados para el mediano y largo plazo”.

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