Ex gobernadores de Puebla desviaron del erario 1,628 mdp

Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad como gobernadores de Puebla, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) utilizó 28 empresas para desviar mil 628 millones de pesos.

Este desfalco es investigado por la Auditoria Superior del Estado (ASE) y el Gobierno de Miguel Barbosa Huerta; no solamente involucra a esta dependencia, sino a ocho más: las secretarías de Infraestructura y Transportes, Salud, Finanzas, la SEP, el Conalep, Ceaspue y el Cecyte.

Según Periódico Central que tuvo acceso a la información sobre las irregularidades cometidas desde el Capcee, que señala que los morenovallistas implementaron todo un modus operandi para el desfalco de las arcas del Gobierno estatal.

El modus operandi empezó cuando modificaron las atribuciones del Capcee, desde el decreto de creación el cual, en su origen establecía que su fin era construir y rehabilitar espacios educativos; sin embargo, con los cambios se convirtió en un organismo que construyó diversas obras como: el Tren Turístico Puebla- Cholula, el Museo Regional de Cholula y las Casas de Justicia.

Una vez hecha esa modificación se implementaron dos formas para sacar dinero público: la primera se enfocó en la creación de operaciones simuladas mediante 17 empresas que facturaron ilegalmente al Capcee más de 311 millones de pesos.

La segunda forma para generar daños al erario público del estado de Puebla fue mediante 11 constructoras y Prestadoras de Bienes y Servicios, que tienen en común a los accionistas y representantes legales.

En todas estas operaciones estuvieron involucradas un total de 28 empresas.

Durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, los titulares del Capcee fueron: Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León, Jorge Benito Cruz Bermúdez y Gustavo Guzmán Fernández.

Las empresas que realizaron contratos ­­­­­­­—la mayoría por adjudicación directa— sobre obras, productos y servicios de los que no se encuentra registro y por los que se pagaron mil 628 millones de pesos.

 

 

 

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