Colima

Exhorta Congreso a Gobernador al uso de videollamadas para reclusos en los Ceresos

El Congreso del Estado de Colima exhortó al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, se implemente un programa de videollamadas.

Lo anterior, como parte de las visitas que reciben estos reclusos y, bajo las reglas previstas por la Ley Nacional de Ejecución Penal, y las que para tal efecto sean emitidas por esa autoridad.

El exhorto se emitió a solicitud de las diputadas Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona y Ma. Remedios Olivera Orozco, integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción Social, así como el diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del PRI.

Por su parte, la legisladora Lizet Rodríguez al plantear el punto de acuerdo ante el pleno de los legisladores destacó que de conformidad al artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando no hubieren sido restringidos por resolución o sentencia.

Señaló que entre los derechos con que cuentan estas personas, está el de acceder al régimen de visitas en términos que la propia ley lo determina, es decir, respetando las medidas necesarias para favorecer la gobernabilidad y el buen desempeño del Centro Penitenciario, debiendo permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de cinco horas semanales.

Sin embargo, dijo, “con la situación actual provocada por el virus SARS-CoV-2, se han tenido que replantear las relaciones sociales en todos los ámbitos, generando que los gobiernos adopten medidas sanitarias especiales para detener su propagación, tales como evitar la conglomeración de personas, el cierre temporal de comercios, o la suspensión de clases, entre otras medidas para lograr ese objetivo”.

“Que los centros de reinserción social, por su propia naturaleza, son espacios donde el virus puede expandirse en dimensiones desproporcionadas, si las autoridades no toman las medidas sanitarias adecuadas para evitar, y en su caso, detener la propagación del mismo”, destacó la legisladora priista.

También dio a conocer cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dicen que al 11 de julio del presente año, se habían registrado un total de 112 decesos por este virus en los sistemas penitenciarios federal, estatal y militar; 736 casos confirmados acumulados –que incluyen los decesos-, y un total de 224 casos sospechosos.

Dijo que algunas de las medidas que se han tomado en el país para evitar el contagio del virus y su propagación en los Centros de Reinserción han sido el aislamiento de los reclusos diagnosticados con esta enfermedad; la adaptación de centros penitenciarios para atender a pacientes portadores del virus; así como la restricción de visitas de personas externas.

Por lo anterior, y con la intención de que se haga prevalecer el derecho que tienen las personas recluidas para acceder al régimen de visitas, así como también el derecho de sus familiares y personas cercanas de conocer las condiciones en las que se encuentran; se hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, se implemente un programa de videollamadas para visitas que reciban los reclusos de los diferentes centros de reinserción social existentes en el Estado, bajo las reglas previstas por la Ley Nacional de Ejecución Penal, y las que para tal efecto sean emitidas por esa autoridad.

Explicó que esta modalidad de visita ya se encuentra en operación en estados como Chihuahua y Nuevo León, en los cuales se han implementado acciones para que los internos, bajo medidas de seguridad, tengan acceso a celulares o computadoras que permiten su interconexión con personas del exterior, salvaguardando así este derecho, como la propia salud de estas personas, ante las condiciones generadas por el virus SARS-CoV-2.

Al someterse a votación este punto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los diputados locales.

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