Pide Derechos Humanos garantizar en Colima la libre manifestación
“No se puede decir que un Estado es democrático si existen violaciones a derechos humanos; si concurren restricciones a la libertad, si hay vulneraciones a la propiedad y seguridad jurídica, si prevalece la incertidumbre de la protección a la salud y a la vida”.
Lo anterior fue expresado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, quien acudió al Congreso del Estado a rendir su informe anual de actividades, durante una sesión solemne. A ella asistió con la representación del Poder Ejecutivo, la secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Azucena Huerta, así como el magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Ante un recinto del Congreso lleno, Roberto Ramírez destacó que, en la instancia a su cargo “no cesaremos en las convicciones del establecimiento de garantías para que todas las personas encuentren en la institución un respaldo sólido y profesional”.
El presidente de la CDHEC dijo que se debe “escuchar fuerte y claro” que “seguiremos luchando para que en Colima se respeten todos los derechos de todas las personas”.
En otra parte de su mensaje, se refirió a un cometario del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien alentó en una ocasión a la participación en las manifestaciones y protestas, siendo esas formas inestimables de decirle la verdad al poder.
Roberto Ramírez hizo un llamado a que en Colima “se respete y garantice la libre manifestación. Vivimos en un país en donde la democracia actual se ha construido en base al ejercicio irrestricto de los derechos humanos, pues cuando la autoridad no los quiso reconocer, la sociedad salió a las calles para hacerse visible y que se le escuchara. Como ejemplo tenemos Río Blanco y Cananea, el 68, el 2006, entre otros muchos momentos en la historia”.
El ombudsperson colimense destacó que “la libre manifestación ha sido la fuerza motriz de algunos de los movimientos más poderosos, pues han sacado a la luz injusticas y abusos, han exigido rendición de cuentas y han inspirado a las personas para que sigan esperando un futuro mejor”.
Dijo que “la posibilidad de manifestarse en condiciones de seguridad es una obligación del Estado, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser condicionado y mucho menos reprimido”.
Luego, recordó que Agnes Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, ha señalado: “Es hora de recordar en voz alta a quienes ejercen el poder, que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, colectiva y públicamente”.
En otra parte del informe anual, Roberto Ramírez destacó que durante el periodo que se informa, dicha instancia abrió un total de 539 expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos, emitiéndose un total de 12 recomendaciones.
Destacó que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Estatal Penitenciario, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, fueron las entidades más señaladas por presuntas violaciones a derechos fundamentales.
Ante un gran número de invitados, principalmente de organismos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la CDHEC resaltó que, por primera vez en Colima, ese informe se elaboró en versión Braille e hizo un llamado para fortalecer las políticas públicas, planes y programas de todos los gobiernos con la perspectiva de personas con discapacidad.
El presidente de la CDHEC dio cuenta de las actividades realizadas por la institución que de manera conjunta vienen a fortalecer el objetivo, primero y último, que es la promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, respeto, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos humanos en el estado.
Luego informó que durante el año que se informa, hubo atención, recepción, trámite y resolución de expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que se abrieron 539 expedientes, esto es, 223 menos a los registrados el año 2021 (un total de 762).
Dio a conocer que de esos 539 expedientes se concluyeron 371 a través de los distintos mecanismos con los que se cuentan, además de que se resolvieron de manera satisfactoria mediante gestión u orientación, 426 asuntos.
Detalló que la CDHEC realizó 74 inspecciones, 95 visitas a centros penitenciarios, 173 visitas domiciliarias, 9 recursos de inconformidad, 2 medidas cautelares, 47 Recursos de Exhibición de Personas, 12 recomendaciones, 226 diligencias de procedimiento en centros de reclusión, un apoyo a Ceresos dentro del Diagnóstico Nacional Penitenciario de la CNDH, 2 documentos de No Responsabilidad, 27 reuniones de coordinación interinstitucional y sociedad civil, y se atendieron 229 llamadas al Celular de Emergencias.
Búsqueda de personas
En otro de los apartados del informe, Roberto Ramírez realizó un llamado a todas las autoridades y niveles de Gobierno, para que, desde el ámbito de sus atribuciones, “fortalezcamos e intensifiquemos las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas”.
Demandó actuar “con empatía hacia las víctimas indirectas, que nos pongamos en el lugar de las personas y nos imaginemos su dolor y desesperación, ya que están buscando a un hijo, hija, padre, madre, hermano o hermana; que desde el servicio público, todas las personas actuamos en la amplitud de nuestras responsabilidades, apegados a los protocolos de actuación”.
Hizo un llamado para que se logre localizar a todas las personas que se encuentren desaparecidas, de manera especial, en este momento, al abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y al maestro Antonio Díaz Valencia.
