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Pide HRW a ONU un papel más activo ante situación de Nicaragua

La situación que se vive en Nicaragua tiene en alerta a medio mundo. Las detenciones y hostigamientos del gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra sus críticos y opositores a 5 meses de las elecciones han despertado una reacción inequívoca. Sin embargo, para la organización Human Rights Watch (HRW), es necesaria una acción mucho más contundente, y este martes exhortó a las Naciones Unidas a jugar un papel más activo ante “la campaña de violencia y represión” que se vive en el país centroamericano.

HRW urgió “al gobierno (nicaragüense) que cese el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos, y permita a las organizaciones de la sociedad civil a operar en ambientes seguros, sin miedo a represalias”. “Estamos profundamente preocupados por las leyes recientemente promulgadas que restringen indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión y asociación pacífica (…) Es probable que estas medidas impidan llevar a cabo elecciones justas y libres en Nicaragua en noviembre”, alertaron los firmantes de la declaración.

HRW presentó este martes el reporte “Arremetida contra críticos”, en el que denuncia la situación en Nicaragua. “Los arrestos de prominentes opositores políticos y críticos, junto con otras graves violaciones de derechos humanos (…), parecen formar parte de una estrategia gubernamental más amplia para reprimir el disenso, infundir temor y restringir la participación política”, resume HRW.

El informe, de 37 páginas, advierte que en la situación actual hay “obstáculos enormes y probablemente infranqueables” para ejercer derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y de voto. Un plan tejido por Ortega y su red gubernamental para poner vía libre a la reelección, por cuarta vez consecutiva, del mandatario centroamericano.

En lo que llevamos de junio, las autoridades nicaragüenses han detenido e iniciado procesos penales contra 5 de los principales candidatos presidenciales de la oposición. El último, el periodista Miguel Mora, fue detenido este domingo acusado de delitos contra la soberanía.

Eso bajo una nueva legislación aprobada a finales de 2020 por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, que considera “golpista” o “traidor a la patria” a todos aquellos que «encabecen o financien un golpe de Estado«, «que fomenten o insten a actos terroristas”, negándoles la consideración de postulares a un cargo electo. Esa ley fue considerada por EUA de “ley autoritaria”, y valió para que crezcan los calificativos de “dictador” contra Ortega.

HRW detalla que organizaciones de derechos humanos en Nicaragua indican que, a junio de 2021, al menos 124 personas percibidas como críticas del gobierno continuaban detenidas arbitrariamente, muchas de ellas detenidas por más de un año.

Entre los opositores detenidos en toda la ofensiva de Ortega, además de los 5 precandidatos a la presidencia, hay varios exfuncionarios, históricos guerrilleros sandinistas desertores, dirigentes sindicales y activistas, a escasos 5 meses de las elecciones generales de noviembre.

Ante esa situación, HRW elevó la situación a la máxima instancia de las Naciones Unidas, exigiendo a su secretario general, António Guterres, a que use su poder para elevar la situación de Nicaragua al Consejo de Seguridad y “manifieste públicamente su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”, con una “expresión pública de apoyo a los esfuerzos internacionales para llevar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua ante la justicia”.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del Gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado. “Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, añadió.

Por el momento, solo ha sido el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, el que ha mostrado la “gran preocupación” del secretario general de la ONU ante los arrestos y detenciones, haciendo un “llamado a las autoridades a liberar a los líderes políticos y reinstaurar sus derechos políticos”.

Hace unos días, el portavoz del Departamento de Estado de los EUA, Ned Price, dijo que Ortega “se está convirtiendo en un paria internacional” y moviendo a Nicaragua “muy lejos de la democracia”.

Además del llamado a la ONU, HRW pidió directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –México forma parte de ese grupo actualmente- a incluir la crisis de Nicaragua en su agenda, e impulsar la imposición de sanciones. También se pide a países como Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá que sigan con su presión en forma de sanciones a altos rangos y figuras del régimen de Ortega.

El clamor contra las acciones de Ortega crece poco a poco. 59 países -entre ellos no está México– firmaron este martes una declaración conjunta en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demandando elecciones libres y justas en Nicaragua y la liberación inmediata de todos los candidatos presidenciales detenidos.

“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada (de Derechos Humanos Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, señala la declaración.

El texto insta “al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.

El lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “enérgica condena por el grave escalamiento de la represión” en Nicaragua y urgió “cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente”.

“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”, expresó el organismo en un comunicado. Según sus cálculos, la violencia instigada y organizada por el régimen de Ortega ha matado 328 personas, ha dejado más de 2 mil heridos, obligado a emigrar a más de 108 mil, y ha encarcelado a más de 1,600 personas de manera arbitraria e ilegal durante todo este tiempo.

“La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos”, sentenció la CIDH.

Hace unas semanas, el Gobierno de EUA incrementó la presión sobre el régimen de Ortega con la imposición de sanciones a varias figuras cercanas al presidente nicaragüense; una semana después, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaba una resolución condenatoria a las acciones del Gobierno centroamericano y al deterioro del clima político y la situación de derechos humanos.

Con información de El Universal

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