Colima

Presentan tres denuncias por posibles hechos de corrupción, incluyen a Nacho

El Consejero Jurídico del estado, Roberto Rubio Torres informó que este viernes 10 de diciembre se presentaron tres denuncias, una de ellas ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en contra de los titulares de secretarías y de organismos públicos descentralizados y contra la persona extitular del Poder Ejecutivo en la administración anterior, por presuntos actos que pueden ser considerados como delito relacionados con hechos de corrupción o ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que más resulten.

También otra ante la Contraloría General del Estado, para que se investiguen presuntas actuaciones que constituyen faltas graves, relacionadas y tipificadas en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La tercer demanda se presentó ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), para la nulidad del supuesto convenio de basificación pactado entre únicamente ciertos titulares de organismos públicos descentralizados y exfuncionarios de algunas secretarías de estado y del propio titular del Poder Ejecutivo, por considerar que dicho documento es completamente ilegal.

El documento aduce que dicho convenio no se llevó a cabo conforme a la ley y es violatorio entre otras disposiciones, del Artículo 134 de la Constitución General de la República, que habla de la obligación que tienen todos los servidores públicos de manejar los recursos de manera eficiente en las actividades que realmente estén presupuestadas.

Ese acuerdo también viola la Ley Burocrática en diferentes disposiciones relacionadas con temas escalafonarios, de calidad de los trabajadores ya sea de confianza, de base y el requisito que cada uno debe de cumplir para aspirar a esas categorías.

Además violenta la Ley de Austeridad y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipales, debido a que en el Ejercicio Fiscal 2021 no existían presupuestadas nuevas plazas de base vacantes y menos 229 que pudieran ser susceptibles de ocuparse en la administración.

“Eso de suyo es una grave irregularidad, porque la propia ley establece que no se puede cubrir una remuneración o un pago que no esté autorizado por el presupuesto de egresos correspondiente”, indicó el funcionario.

Durante la conferencia de prensa “Diálogos por la Transformación” el funcionario insistió que es una de tantas irregularidades detectadas en esta situación que ha sido objeto de denuncia y de demanda laboral, pues “se intentó basificar a personas aún y cuando no existían plazas vacantes”,

Tampoco se llevó a cabo un corrimiento escalafonario como lo establece la propia Ley Burocrática, en la cual, en el supuesto de que existieran espacios disponibles, primero debería existir un corrimiento escalafonario entre los demás trabajadores de base, para ir aspirar a la categoría inmediata superior y al final a la última categoría ingresen a la administración como servidores públicos de nuevo ingreso.

Eso, aseguró Rubio Torres, “se hizo a un lado, se privilegió a ciertas personas para que en automático supuestamente fueran colocados en espacios susceptibles de ser basificados”.

Aclaró que el hecho de que se les denomine trabajador de base, por ese solo hecho no los posiciona con tal categoría ya que antes deben atenderse las funciones que desempeñan cada uno de ellos.

Sostuvo que la inamovilidad está condicionada a pasar un periodo de seis meses realizando actividades o estando en ese cargo y antes de ese período no son considerados como trabajadores de base inamovibles.

Aseguró que la propia Ley Burocrática y criterios de los propios tribunales federales han establecido esa situación.

Abundó que se decidió tomar estas acciones porque las supuestas autorizaciones para cambiar de categoría, fueron con efectos a partir del 1 de julio, es decir, que a final de este año pudieran tener los seis meses y que pudiera entenderse que fueran basificables, en el supuesto de que hubiera plazas vacantes que estuvieran presupuestadas y que hubiera disponibilidad presupuestaria, lo que no existía desde mediados del año.

“Ya se había gastado lo de todo el año y aunque no se tenía para la nómina, deciden basificar con todo el impacto presupuestal que eso implica, porque finalmente una vez cumplidos los seis meses, eventualmente podrían estar exigiéndose temas de convenios respecto a pagos de otro tipo de prestaciones que son diferentes a las que se entregan a los trabajadores de confianza”, puntualizó.

Para Rubio Torres es un convenio completamente ilegal firmado por los propios titulares de las dependencias, inclusive por titulares de organismos públicos descentralizados, que al interior de los mismos conforme a su normatividad, tienen un consejo directivo, una junta de Gobierno que es la máxima autoridad interior.

Sin embargo, “no existe constancia de que los propios organismos superiores de dirección hayan autorizado la basificación de ciertas personas y menos aún hayan autorizado al director a firmar ese convenio”.

El Consejero Jurídico reiteró que tampoco se cumplió con la Ley Burocrática relacionada con la Comisión Mixta de Escalafón donde se establece que para que se lleven a cabo corrimientos escalafonarios se debe de establecer una comisión previa en la cual se establezcan perfiles respecto a los trabajadores para que en función de ello puedan estar escalando los cargos superiores que han quedado vacantes ya sea por jubilación, renuncia o pensión por jubilación.

“No hubo esos corrimientos, un gran número de los 229 trabajadores se desempeñaban, incluso uno de ellos como secretario de estado, otros fueron secretarios particulares, directivos con cargos eminentemente de confianza en términos de la Ley Burocrática local y de un día para otro aparecen como si estuvieran de base”, aseguró.

Resaltó que una de las acciones que la propia Ley Burocrática y los criterios jurisprudenciales establecen para dar por cumplida la relación laboral, es presentar la demanda ante el Tribunal y que él determine si fue o no correcta.

“De nuestra parte creemos que se hizo lo correcto, la Fiscalía y el Tribunal investigarán lo correspondiente y tendrán en última instancia que determinar si hubo o no responsabilidad tanto administrativa como penal, respecto a los exfuncionarios públicos objetos de las denuncias”, concluyó.

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