Cuando los gobernantes presumen el incremento del gasto social, “lo veo más como un fracaso que como un logro, ya que la idea de gobernar bien, es que cada día fuera menos necesario”.
Lo anterior fue expresado por el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), en la Sexagésima Legislatura, Ignacio Vizcaíno Ramírez, al realizar un breve análisis del Presupuesto de Egresos 2023, aprobado la noche de este 30 de noviembre.
El coordinador de la bancada naranja dijo que, si bien es necesario atender las necesidades de la población vulnerable a través del gasto público, “también resulta indispensable que quienes diseñan e implementan la política pública del estado, contemplen programas y proyectos que detonen las economías locales y exista una equilibrada distribución de la riqueza”.
Señaló que, por ejemplo, en este presupuesto aprobado a los organismos autónomos estatales la Comisión dictaminadora hizo un análisis escueto, donde se somete los proyectos de cada uno de ellos a un insuficiente aumento del 3%, respecto del 2022.
Vizcaíno Ramírez destacó que “fue la misma Comisión dictaminadora quienes en reuniones privadas, escuchó argumentos y justificaciones de esos organismos autónomos, los cuales no se plasman ni se tomaron en cuenta”.
“Tengo la impresión de que solo les hicieron perder su tiempo, porque, repito, conociendo la situación de cada uno de ellos, y en particular del Instituto Electoral del Estado, este Presupuesto de Egresos castiga en demasía a nuestras instituciones que garantizan la democracia, fiscalización, justicia y procuración a todas y todos los colimenses”, añadió el coordinador parlamentario de MC.
“Ojalá no estemos en la misma intención que el Gobierno federal de desgastar la operatividad de estos organismos autónomos para llevar a la polarización la naturaleza de su existencia y desaparecerlos del mapa. Ojalá me equivoque”, sentenció.
Por otra parte, Vizcaíno Ramírez señaló que se detectaron incrementos interesantes, “como reclusión y readaptación social, política interior, gubernatura, asuntos jurídicos, prestación de salud a las personas, deporte y recreación y cultura, y nos preguntamos: ¿Responden alguna meta dentro del Plan Estatal de Desarrollo? ¿Buscan resolver la problemática de fondo? Porque se ven aumentos desproporcionados a los indicadores oficiales para Colima. ¿O más bien buscan callar bocas críticas y tapar el sol con un dedo?”.
Mencionó que en el tema de educación, el dictamen aprobado hace referencia a programas sociales como las “Colibecas”, a lo que dijo que celebra los apoyos entregados “pero nuestra tasa neta de cobertura de educación media superior, según el Inegi, es de 46.72%, la más baja del país”.
Agregó que “de los Presupuestos de Egresos de 2022 al 2023 hay una reducción del 16% para este rubro; es decir, que los programas que se ejecutaron, y que se pretenden ejecutar para el 2023, no responden a las evaluaciones que nos describen las verdaderas problemáticas de la educación en nuestro Estado”.
En materia de vivienda, señaló que en Colima existen alrededor de 6 mil casas con piso de tierra y 5 mil que no cuentan con un sanitario, “pero el presupuesto destinado para vivienda ha sido reducido en un 100% para el 2023, en un 47% para abastecimiento de agua y en un 63% para urbanización”.
Respecto a la inseguridad, el coordinador de la bancada naranja señaló que en Colima éste no es tema menor, “ya que la inseguridad que se vive a diario en nuestras calles, desde febrero de este año, se ha recrudecido la violencia entre delincuentes, quienes, con sus actos cobardes han lastimado a inocentes y sembrado miedo dentro de las familias colimenses”.
Indicó que Colima hoy tiene una cifra de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, “nos ubicamos en uno de los 3 estados más letales del país. En secuestros somos el lugar número 29, en robo de vehículos ocupamos el lugar número 19 y por delito cometido en Colima, le cuesta a cada contribuyente 3,056 pesos; la percepción de seguridad oscila solamente del 26% de la población y el 87% de los delitos, no se denuncian”.
Sin embargo, dijo, “dentro del dictamen del Presupuesto de 2023, la Comisión propuso una reducción del 16% al rubro de Policía y un pobre incremento del 8% en procuración de justicia, ¿será suficiente este presupuesto para reducir los índices de inseguridad mencionados?”.
Por otra parte, Vizcaíno Ramírez se dijo sorprendido por la reducción del 64% a la protección ambiental, “cuando en manejo sostenible del medio ambiente ocupamos el lugar número 25 a nivel nacional, donde en la pérdida de superficie cubierta por árboles somos el lugar número 15 y en morbilidad por enfermedades respiratorias el número 26”.
Finalmente, mencionó que en el rubro de impartición de justicia, Colima se encuentra en su peor momento, alejada de la prontitud y expedites, carente de personal, capacitación, y mejores remuneraciones.
“De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021, Colima es el estado con menor presupuesto de las 32 entidades federativas”.
Con relación a los asuntos ingresados y concluidos (en las diferentes materias Familiar, Civil, Mercantil, Penal, Justicia para Adolescentes) por los órganos jurisdiccionales por entidad federativa para Colima en 2021, ingresaron 16,263 y se concluyeron 5,933; es decir, una tasa de efectividad únicamente del 36%, contra un incremento del 8% propuesto para la impartición de justicia en este dictamen”.