Proponen que Gobierno garantice una alimentación sana, nutritiva y suficiente

La diputada local Claudia Gabriela Aguirre Luna, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 12 y 33 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, la cual  tiene como objetivo sentar las bases para que se cumpla el segundo objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que busca poner fin al hambre.

Con ello, dijo la legisladora de Morena, inicia un proceso para la construcción de un cambio profundo en el sistema alimentario de Colima, buscando el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

Señaló que las modificaciones buscan que la población tenga acceso a una alimentación sana, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, donde el Estado debe garantizar dicho acceso.

La propuesta plantea que el Gobierno del estado y sus municipios asegurarán el acceso equitativo y oportuno de alimentos a todas las personas, en particular a las personas pobres y en situaciones de vulnerabilidad.

La reforma establece que se promuevan sistemas de producción sostenible, de protección a la diversidad biológica, la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales, siempre y cuando garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos.

México, explica la iniciativa, tiene un índice que ayuda a analizar cómo evoluciona la seguridad alimentaria, llamado Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (ENSANUT). Antes de la pandemia, dicho indicador advertía que los niveles de seguridad alimentaria iban disminuyendo debido a la desaceleración económica y a diversos factores internacionales que afectaron la economía de nuestro país. Empero, con la presencia del Covid-19, los datos son de mayor preocupación, destacando gráficas donde se muestra el declive de la seguridad alimentaria mexicana.

A nivel nacional, se hace un recuento en la iniciativa, en 2018, 44% de los mexicanos reportaron seguridad alimentaria, pero en abril de 2020, un mes después de estar confinados por la pandemia, bajó a 38.9%.

El punto más bajo de seguridad alimentaria en julio de 2020 fue del 25,7%. El descenso en agosto parece haberse detenido porque el 26,6% de las personas informaron sobre seguridad alimentaria en sus hogares. Sin embargo, en comparación con los niveles observados en 2018, esto todavía representa una gran brecha en esa materia.

En Colima, dijo la diputada local al presentar la iniciativa, la inseguridad alimentaria se refleja en diversos elementos de la sociedad, pues comúnmente se cree que un Estado tiene seguridad alimentaria si satisface la demanda de alimentos de la sociedad en volumen; sin embargo, de acuerdo a las dimensiones de la FAO, se debe garantizar que la comida que ingieren las personas es inocua, suficiente y llega a los hogares más alejados de todas las comunidades.

Ese problema, agregó, es regularmente invisible debido a que no existe un mecanismo de evaluación de políticas públicas eficaz. Insistió la legisladora en que el tema es fundamental para Colima, pues sentaría un precedente que permita desarrollar una política social que sirva de guía para garantizar que todas las dimensiones de seguridad alimentaria de la FAO se cumplan.

En datos duros, abundó, se puede observar en datos de la ENSANUT, la inseguridad alimentaria de Colima: 10.8% de la población de 20 años y más ha tenido un diagnóstico médico previo de diabetes, estando entre las entidades con mayor porcentaje de este rubro a nivel nacional; el 17.2% de la población con 20 años y más ha tenido un diagnóstico médico previo de hipertensión y, la entidad ocupa el tercer lugar en sobrepeso, con un 29.4% de la población de 20 años y más.

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