Rechaza ministro que vaya a conceder más suspensiones contra el “Plan B”
Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite 2 acciones de inconstitucionalidad contra la parte central del llamado “Plan B”, pero rechazó conceder una suspensión adicional.
Según publica Reforma en su edición digital, las acciones fueron promovidas por las dirigencias nacionales de Movimiento Ciudadano y del PRD para pedir la invalidez del decreto del pasado 2 de marzo, que reformó múltiples normas de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, y que también incluyó una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los partidos solicitaron al ministro conceder una suspensión contra la reforma, pero Laynez la negó “en función de lo resuelto en la controversia constitucional 261/2023”, según menciona el extracto del acuerdo publicado por la SCJN.
Lo anterior, en referencia a la suspensión concedida por el ministro el viernes pasado, al admitir la controversia promovida por el INE.
En esa suspensión, Laynez ordenó dejar de aplicar todos los artículos del decreto que afecten al INE, que deberá seguir rigiendo su operación, estructura y actividad presupuestaria con base en las normas anteriores.
Sin embargo, la suspensión no hizo mención expresa a otras reformas contenidas en el decreto, en particular las que afectan a partidos políticos y la nueva ley de medios para impugnar ante los tribunales electorales.
La reforma sobre partidos políticos, por ejemplo, incluye múltiples cambios sobre requisitos para constituirlos, obligaciones, tope de presencia en las legislaturas, vida interna y auditoria, muchos de los cuales no tienen que ver con el INE.
La Corte publicará hasta mañana el acuerdo completo de Laynez, que dará mayor claridad sobre el alcance de su negativa de suspensión.
Cabe mencionar, precisó Reforma, que los ministros instructores, en teoría, no pueden conceder suspensiones en acción de inconstitucionalidad, un medio abstracto de control de leyes en el cual no se revisan actos de aplicación.
En las controversias, en cambio, los ministros han sido más flexibles para suspender normas generales cuando conllevan aplicación de actos que pueden violar derechos humanos, que en el caso del “Plan B” electoral, Laynez determinó que podrían ser los de votar y ser votado, privacidad por manejo del padrón electoral y derechos laborales de los empleados del INE.
El único ministro que ha concedido suspensiones en una acción es Alberto Pérez Dayán, a finales de 2018, cuando se impugnó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y en febrero pasado, contra la primera parte del “Plan B”, que se refiere a propaganda electoral, pero sólo para que no se aplique en las elecciones locales del Estado de México y Coahuila en 2023.
Ante controversias de cientos de municipios que reclaman el tope a su presupuesto de comunicación social impuesto por el “Plan B”, Pérez Dayán ha negado la suspensión.
Cuando el Pleno discuta el “Plan B”, está por verse si Laynez propondrá discutir en primer lugar las acciones de los partidos o la controversia del INE, e incluso, es posible que se discutan primero las acciones y controversias a cargo de Pérez Dayán.
En cualquiera de los 2 casos, el punto de estudio preferente será la violación al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa del Ejecutivo fue presentada y aprobada el mismo día.
Con información de Reforma
