Este día, tres de las nueve organizaciones civiles señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir financiamiento de fundaciones internacionales para oponerse al Tren Maya, rechazaron esas acusaciones y lo retaron a “decir la verdad”, enfatizaron que no detendrán su trabajo de defensa de los derechos de las comunidades y el territorio y exigieron una disculpa pública el mandatario.
Mediante una conferencia virtual, representantes de los centros Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), y el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), acompañados por miembros de Amnistía Internacional (AI) México, subrayaron que las afirmaciones del titular del Ejecutivo federal pretenden estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos y “promover un ambiente de intolerancia y deterioro del estado de derecho”.
Recordaron que en lo que va del sexenio han sido asesinados 18 ambientalistas y entre 2012 y 2020 la cifra de agresiones para estos activistas supera los 500 casos.
“No nos van a detener ni a callar. Exigimos al titular del Ejecutivo una disculpa pública por las declaraciones irresponsables que hizo el viernes. Tomando en cuenta el riesgo en que nos pone, lo responsabilizamos a él por cualquier cosa que nos pueda pasar a las organizaciones señaladas, a sus integrantes y familias”, aseveró Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.
Asimismo, refirió que el presidente “está muy mal informado. Es claro que nos encontramos frente a una campaña muy sucia, muy claramente orquestada y armada desde el gobierno federal que es inaceptable (…) Lo que dijo es falso, y vemos que detrás de todo esto lo que busca es descalificar, desprestigiar, amenazar, estigmatizar, deslegitimizar, calumniarnos y censurarnos, y eso es inaceptable”.
Remarcó que es lícito que las organizaciones civiles reciban financiamiento de diferentes fuentes, incluidas fundaciones del extranjero, y toda esa información es transparente, auditable y todo se declara ante las autoridades financieras como la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.