¿Seguridad o censura? El polémico protocolo para periodistas en Perú
La publicación de un protocolo del Gobierno peruano para la cobertura periodística de las protestas que azotan al país andino ha hecho saltar las alarmas de gremios que consideran que, bajo el supuesto paraguas de dar seguridad a periodistas, el texto es potencialmente “atentatorio contra la libertad de expresión”.
“Es un documento que no tiene ningún valor y podría ser atentatorio contra la libertad de expresión. No habla en ningún momento de las fuerzas del orden como agentes agresores (…) y rechazamos completamente que sea la Policía la que diga a la prensa cómo tiene que trabajar”, sentencia Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), a EFE.
El denominado “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” fue “prepublicado” y puesto bajo consulta ciudadana por el Ministerio del Interior, en medio de la ola de protestas antigubernamentales que cobró la vida de 76 personas desde diciembre.
De inmediato, varios gremios periodísticos salieron a rechazar la propuesta. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) cuestionó que el texto fuera “elaborado de forma exprés”, con “serios problemas de fondo y forma”.
Más radical fue el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que pidió archivarlo de “inmediato” al considerarlo una “intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia periodística” que, además, establece una relación “de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa”.
Esto último porque el protocolo indica que la Policía debe indicar a los periodistas la “ubicación adecuada” para la cobertura en escenarios de violencia y advierte que, de no atender a los agentes, cualquier consecuencia “será bajo su responsabilidad”, lo que, en la práctica, se percibe como un control policial de la cobertura periodística.
“Esto nos parece bastante grave (…). Necesitamos que el Gobierno y la Policía se hagan responsables de lo que pueda pasar y no imponer un protocolo que no tiene ningún sentido. Pareciera que no conocieran el trabajo de la prensa”, insiste León.
Más críticas
El documento también propone, entre otros, brindar capacitaciones a periodistas “sobre el accionar policial en alteraciones al orden público” y recomienda “la homogeneización de la identificación” de la prensa en el lugar de los hechos, pero obvia cualquier mención a fotoperiodistas y camarógrafos.
Además, se dirige al Colegio de Periodistas, a la “prensa extranjera acreditada en Perú” y a instituciones de prensa “debidamente acreditadas” y colegiados, lo que, a los ojos de los gremios, deja al margen a muchos profesionales que se dedican a esa labor.
Sobre esto, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos, señala a EFE que “hay que abrir el abanico” porque sería “totalmente absurdo” que la medida alcance solamente a los 16 mil periodistas colegiados en el país, teniendo en cuenta que la colegiatura no es un requisito para el ejercicio de la profesión.
“Se pusieron muchas cosas de contrabando en ese protocolo, cosas que no se habían acordado en ningún momento”, comenta Burgos.
Con información e imagen de EFE
