Urge que el Poder Judicial tenga una sede nueva: Bernardo Salazar

Los daños que se observan en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Colima, tras el sismo de magnitud 7.7, al parecer no son estructurales, y luego del dictamen, el edificio puede seguir operando, así lo dio a conocer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, sin embargo, señaló que urge contar con una nueva sede, que sea “un espacio más funcional”.

“Quienes acudieron a hacer los peritajes y las revisiones, que son gente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Movilidad, de Protección Civil y de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, nos dicen que el edificio está diseñado para soportar un sismo todavía mayor, incluso, nos decían que los pilotes o las columnas tienen un nivel de flexibilidad y este nivel no llegó ni al 40% con el sismo del pasado 19 de septiembre, entonces quiere decir que puede soportar mayores movimientos”.

En una entrevista, el presidente del STJE enfatizó en que “los daños que tienen que recibir una cirugía, tienen que ver con el recubrimiento, de acuerdo con el enjarre que se le puso cuando se construyó, con el paso del tiempo se va desprendiendo y hasta por una lluvia se puede desprender, pero es peligroso porque es una caída de bloques de concreto de 4 o 5 kilogramos, que desde la altura que caen sí lesionan y hasta pueden matar a una persona, y eso con un movimiento o una lluvia fuerte puede caer”.

Además, refirió que esos materiales se tienen que cambiar, sobre todo las planchas que están en la explanada de la plaza Bandera Nacional. “Esas se movieron y se tienen que volver a acomodar, sin riesgo de que haya un colapso, pero hay que volverlas a acomodar y ese tipo de reparaciones definitivamente el Poder Judicial no las puede hacer, porque representan una inversión considerable, entonces se está tratando de que se incluyan en el marco de las reparaciones a todos los demás edificios”.

Cuestionado si ya es necesario cambiar de edificio judicial o contar con una nueva sede, el magistrado aseveró que “no se requiere que haya un nuevo temblor, esta necesidad de cambio de un espacio más funcional ya urge cuando menos desde hace unos diez o 15 años”.

De acuerdo con el presidente del Supremo Tribunal, el edificio está rebasado en cuanto a su capacidad para brindar el servicio que se tiene que dar a la ciudadanía, “es un edificio que se pensó y se construyó en un momento para albergar a 3 juzgados, a 2 que existían en aquel entonces, uno familiar y uno civil, y después se agregó uno mercantil, y conforme fue creciendo se fueron haciendo parches y se fueron haciendo divisiones dentro del edificio”.

Agregó que el edificio del Palacio de Justicia recibe y transitan por él, entre usuarios, justiciables, abogados, proveedores de servicios, trabajadores, más de 500 personas diarias.

“Es un edificio que ya no cumple con la función de dar el servicio que se requiere o está rebasado. Ahorita el servicio de administración de justicia requiere espacios funcionales, espacios donde sea factible el tránsito de todos los que acuden a desahogar una audiencia, a notificarse, a hacer un trámite, pero además por la dinámica de los mismos procesos que ya son orales, y que ya van a entrar en su totalidad la oralidad, no tenemos salas de oralidad para empezar”.

Asimismo, destacó que existen 3 salas y están saturadas por lo que requerirían al menos otras 4 más para que sea funcional.

“Requeriríamos por lo menos una por cada 2 juzgados, si fuera una por cada Órgano Jurisdiccional sería lo óptimo, pero una por cada 2; ahorita tenemos 3 y tenemos 9 juzgados y la requieren los juzgados Mercantiles, los juzgados Familiares, principalmente, y eventualmente los Civiles, pero la oralidad civil ya también va a entrar en funcionamiento”.

En este sentido, dijo que se requieren Salas de Oralidad, pero al mismo tiempo que cumplan con ciertas especificaciones necesarias, como la videograbación de audiencias, porque la tendencia es la eliminación del papel, así que deben quedar registros digitales.

Finalmente, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana dijo que el Poder Judicial no tiene un terreno dónde construir nuevas instalaciones, “hay un terreno pero no es del Poder Judicial, es decir, está a su nombre pero en los hechos no le pertenece, porque ese terreno se adquirió al entonces Instituto de Vivienda del estado, y estamos hablando de los tiempos en que era gobernador el licenciado Fernando Moreno, por allá en el año 2001 o 2002, pero se compró con aportaciones de los trabajadores, con la idea de que se construyeran terrenos para trabajadores de confianza del Poder Judicial”.

Y agregó: “Como en ese terreno no se podía hacer una asociación civil, en lo que compraron su lote y pudieran ser dueños se puso a nombre del Poder Judicial, que son alrededor de 5 hectáreas. Ese terreno, aun cuando está a nombre del Poder Judicial, se compró con dinero de los trabajadores que aportaron con la idea de adquirir un lote, pero el Poder Judicial no tiene un terreno para instalaciones propias”.