Una jueza colombiana ordenó la libertad inmediata por vencimiento de términos de 8 jóvenes que llevaban más de 2 años en prisión preventiva, después de ser detenidos durante el paro nacional de 2021 y que la Fiscalía les acusara de delitos como terrorismo o secuestro, pero luego retirara los delitos.
El Juzgado Décimo Penal de control de garantías de Neiva (centro) ordenó este jueves la libertad de estos 8 jóvenes, que eran líderes, periodistas y defensores de derechos humanos, que fueron detenidos por orden de la Fiscalía el 27 de abril de 2022, durante los primeros días del estallido social que sacó a decenas de miles de personas a las calles contra el Gobierno del expresidente Iván Duque y acabó con la vida de 81 personas, sobre todo por la brutalidad policial.
La Fiscalía en un inicio les acusó de varios delitos, incluido terrorismo o secuestro, por lo que el juez decidió otorgarles prisión preventiva hasta el juicio, pero 6 meses después el ente acusador retiró estos delitos y ahora, 2 años, un mes y 17 días después, al no haber comenzado el juicio oral la jueza ha ordenado su libertad inmediata.
“Estos jóvenes y periodistas nunca debieron ser privados de la libertad y el derecho a la protesta nunca debió ni debe seguir siendo estigmatizado ni criminalizado”, alegó la abogada del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), July Henríquez, quien llevó el caso.
Según la letrada, la Fiscalía se extralimitó al solicitar una privación de la libertad con una imputación desproporcionada, que privó de la libertad a estos jóvenes durante más de 2 años, sin que hayan sido llevados a juicio.
La ley establece límites de duración de las medidas de aseguramiento preventivas en proceso penales, como que no deben exceder los 240 días si no hay juicio. Han pasado 661 días desde que la Fiscalía presentó cargos formalmente y aún no ha comenzado el juicio oral, por lo que la jueza les levantó la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Desde el colectivo de derechos humanos, celebraron “esta decisión de devolverles su libertad” y reconocen “la labor judicial que en este momento se ejerce en garantía del derecho humano a la libertad y del Estado social de derecho”.
