El Gobierno de Ecuador denunció “un sucio pacto político” en la Asamblea Nacional (Parlamento), que este viernes votó en contra de levantar la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad para que sea investigada por la Fiscalía por presunta concusión, dentro de un caso de corrupción en el que también está procesado su hijo, Sebastián Barreiro.
“Ningún funcionario está por encima de la ley y la Justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo”, afirmó el Ministerio de Gobierno en un comunicado oficial donde rechazó la decisión del Legislativo.
Ello tras conocer la decisión del Parlamento que, con el voto de la mayoría opositora, negó este mismo viernes autorizar el proceso penal contra Abad, vinculada por la Fiscalía en un caso de corrupción que ella considera como un acto de presión política en su contra por parte del mandatario Daniel Noboa.
Para el Gobierno de Noboa, la decisión del Legislativo es la evidencia de un “sucio pacto político” entre los grupos de la oposición parlamentaria, en el que, según dijo, ha primado “la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia”.
El Parlamento, “como en cualquier democracia medianamente estable” debía dar paso a la imputación contra Abad y sólo debía dejar que “los órganos de la función judicial hagan su trabajo”, argumentó el Ministerio de Gobierno.
“No importaron las denuncias, las acusaciones, las pruebas, los expedientes”, añadió la fuente tras insistir en que todo lo actuado por el Parlamento obedece a un supuesto pacto de los grupos de oposición.
El Gobierno ha identificado en ese pacto a grupos opositores diversas tendencias como el conservador Partido Social Cristiano (PSC), la progresista Revolución Ciudadana, que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Construye, una formación independiente.
Para el Ejecutivo, esos grupos sumaron los 75 votos afirmativos (de un total de 137 escaños) con los que el pleno de la Asamblea Nacional salvó a la vicepresidenta Abad del proceso penal iniciado por la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio de Gobierno acusó a la oposición parlamentaria de frenar leyes, intentar “limitar el poder del presidente en su facultad de colegislador” y, “sin ningún motivo” pretender “implantar juicios políticos (de censura) contra varios integrantes del gabinete del presidente Noboa”.
Pese a ello, el Gobierno de Noboa dijo tener claro sus objetivos, con “la transparencia como su principal bandera”, por lo que insistió en que la Justicia debe determinar si Abad incurrió en algún acto ilícito.
La mayoría legislativa, por su parte, se lamentó de que no se hayan podido conocer los expedientes reservados por la justicia que presuntamente vinculan a Abad con el caso de “oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia”.
