La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que plantea la incorporación del delito de terrorismo urbano al Código Penal, con condenas de hasta 30 años de prisión.
El nuevo delito fue aprobado por el grupo legislativo, que preside el legislador izquierdista Américo Gonza, con 14 votos a favor y 4 abstenciones, detalló el Parlamento en un comunicado.
La propuesta indica que aquel que provoque o realice “actos típicos que deben concurrir en dos o más delitos”, así como en los delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos, “para generar estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico”, recibirá una condena no menor a 23 años ni mayor a 30 años de prisión.
Además, plantea una condena no menor a 30 años de prisión para “los actos agravados” de terrorismo urbano, considerados así si el agente emplea armamentos, material o artefactos explosivos.
También si se usan armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esto también puede producirse “si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad” o si “utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión”.
Entre otros agravantes figuran “actuar con gran crueldad” o si la víctima es un funcionario de alto rango o miembro de la PNP, las Fuerzas Armadas, magistrado de la Judicatura, del Tribunal Constitucional “o cualquier autoridad elegida por mandato popular”.
El proyecto de ley agrega que la sanción también se dará si el delito es realizado por 2 o más personas, si se comete sobre torres de energía o transmisión, o afecta cualquier servicio público de agua o energía eléctrica.
En los últimos meses se han presentado en el país, sobre todo en la región norteña de La Libertad, ataques de organizaciones delictivas contra una empresa minera y el derribo de torres de alta tensión, en medio del embate de la minería aurífera ilegal.
Los promotores de la medida legislativa señalan que esta busca enfrentar y sancionar de manera efectiva los delitos que perturban gravemente el orden público y la seguridad ciudadana en el país.
