Los socialistas y los conservadores españoles alcanzaron este martes un acuerdo para la renovación “inmediata” de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado más de 5 años, y para “reforzar la independencia” del Poder Judicial.
El acuerdo se cerró durante la reunión en Bruselas entre el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular (PP, derecha), Esteban González Pons, con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová.
Según informaron las 2 fuerzas políticas, mayoritarias en el Parlamento español, el pacto supone “proceder a la inmediata renovación del CGPJ, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023”.
Igualmente, tramitar una reforma para modificar el sistema de elección de sus miembros mediante una proposición de ley presentada en el Congreso.
El CGPJ es un órgano colegiado de 20 miembros, elegidos por tres quintos de Congreso y Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia.
Esto requiere el acuerdo de los socialistas, que están en el Gobierno, y los conservadores, en la oposición.
Sin embargo, la renovación periódica del órgano de gobierno de los jueces españoles permanece paralizada desde hace más de 5 años por fuertes desavenencias políticas entre ambos grupos parlamentarios.
Esto llevó al Ejecutivo y a la oposición a intentar un desbloqueo con mediación de la Comisión Europea.
La fructífera negociación culminada este martes en Bruselas permitirá, según el PP, acometer ya este mes de julio, en un pleno extraordinario del Congreso, la elección de los miembros del CJPJ y los pasos para modificar la ley del Poder judicial a fin de “reforzar” su independencia.
Explica también que se garantiza así una “composición absolutamente equilibrada del CGPJ” gracias a 20 nuevos miembros “con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de duda”.
La modificación normativa del sistema de elección, añade el PP, incluirá expresamente un nuevo modelo de “participación directa” y de votación para que los propios jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.
El tercer punto del acuerdo prevé además el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional cuya vacante está pendiente de ocupar.
El PP añade que, gracias al pacto alcanzado, “ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras” en el seno del CGPJ porque todas las decisiones tendrán que adoptarse por mayorías reforzada de tres quintos.
También explica que el Gobierno no podrá “señalar” al que será presidente del Tribunal Supremo porque, por primera vez, los nuevos vocales del Poder Judicial serán quienes elijan al magistrado que lo presida, con un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por los partidos.
Finalmente asegura el PP el que el acuerdo comporta la prohibición de que un ministro pueda ser designado fiscal general del Estado, como sucedió con la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado.
