Representantes de unas 15 familias de personas detenidas en el régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 en El Salvador para enfrentar a las pandillas, protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028.
Esta protesta, que se sumó a casi un centenar de veteranos de guerra que también reclamaban al Gobierno de Nayib Bukele el cumplimiento de beneficios, es la primera contra el régimen de excepción que se da la ciudad de Santa Ana, la más importante del occidente del país y ubicada a más de 68 kilómetros de la capital.
De acuerdo con Roxana Cardona, abogada del movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, las reformas alargarán hasta por 4 años los procesos penales, lo que a su juicio convertirá la detención provisional en una “pena anticipada”.
Advirtió que esto es propio del “sistema penal inquisitivo, el cual dejamos en 1980” y que llevaría a que las audiencias preliminares se comiencen a dar en el año 2028.
Indicó que bajo estas reformas los “inocentes” detenidos en el régimen de excepción no serán juzgados por acusaciones individuales, sino que serán procesadas como parte de una estructura criminal por “delitos que otros cometieron”.
“Hay una temor que van a ser juzgados (los inocentes) con esta reforma”, indicó la letrada, cuya organización ha conocido más de 200 casos.
Añadió que no están en contra de que “hayan limpiado las calles” de pandilleros, sino de la “justicia selectiva” que afecta a personas sin vínculos con las pandillas.
“Es una reforma de condena, violatoria no solo de tratados internacionales, sino de la Constitución porque está dando atribuciones que no corresponden (a la Fiscalía)”, subrayó.
Llaman a liberar inocentes
Alfredo Celis indicó durante la protesta que lleva 15 meses sin ver a 3 de sus hijos y 2 nueras tras su “captura arbitraria” por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y señaló que temen que se juzgue a sus familiares “en masa”.
“Con este régimen de excepción (el Gobierno) no seleccionó al pandillero, no seleccionó al delincuente, sino en una masa”, dijo a periodistas.
Agregó: “Como familiares de víctimas del régimen inocentes no venimos a defender a los delincuentes y le aplaudimos al Gobierno por haber hecho una barrida con toda esta lacra (pandillas), (…) pero lo que no le aplaudimos es que se haya empachado (ensañado) con gente inocente”.
Abogados y organizaciones humanitarias han señalado que estas reformas a la Ley del Crimen Organizado no se apegan al Estado de derecho, al no permitir una defensa individual, y amenazan el derecho de acceso a la Justicia.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, como medida para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, por medio del cual se ha capturado a más de 71 mil personas acusadas todas de ser miembros de maras.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registran hasta mediados de marzo pasado más de 5 mil “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
Familiares de algunas personas detenidas han denunciado en reiteradas ocasiones que no saben dónde se encuentra su pariente y que desconocen el o los delitos por los que fueron detenidos.
Las reformas penales, aprobadas a finales de julio por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, entrarán en vigencia cuando el decreto sea publicado en el Diario Oficial, cuya fecha se desconoce.
