El Tribunal Supremo (TS) español rechazó este lunes amnistiar al expresidente independentista catalán Carles Puigdemont y 2 excolaboradores, todos ellos huidos de la Justicia, por malversación de fondos públicos y mantiene la orden de que sean detenidos en cuanto vuelvan a España.
En un auto, el TS decide no aplicar la polémica ley de amnistía a los líderes independentistas a los que ya juzgó e inhabilitó en 2019 para ejercer cargo público por malversación en relación con el proceso soberanista catalán ilegal de 2017, entre ellos el exvicepresidente regional de Cataluña Oriol Junqueras.
El delito de malversación no se puede perdonar en este procedimiento, según el alto tribunal, porque entra en las excepciones de la ley de amnistía, que el Parlamento español aprobó el 30 de mayo pasado para los implicados en el proceso secesionista.
En concreto, obtuvieron un beneficio personal al sufragar un referéndum de “autodeterminación”, organizado el 1 de octubre de 2017, con los fondos de la administración pública catalana, no con su patrimonio personal, y eso afectó “potencialmente” a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
Daño económico a la UE
Y no tiene dudas el TS de que concurren ambos principios que impiden perdonar el delito de malversación por el que siguen procesados Puigdemont y sus antiguos colaboradores de aquella época en el gobierno regional catalán Antoni Comín y Lluis Puig, todos ellos huidos de España para eludir la acción de los tribunales.
El auto del Supremo y otro dictado por el juez Pablo Llarena, que investigó el caso en fase de instrucción, siguen el criterio de los fiscales del juicio por el proceso independentista. Por el contrario, el fiscal general del Estado y superior jerárquico, Álvaro García Ortiz, ordenó aplicar la amnistía a todos los delitos.
Llarena asegura que concurre el daño económico a la UE porque el referéndum “afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la UE”.
El Supremo coincide con la argumentación de Llarena respecto de la malversación y, por eso, descarta presentar en el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial sobre “si es correcto lo que correctamente ha decidido el legislador nacional al aprobar la Ley de Amnistía, esto es, excluir de todo perdón los delitos que puedan afectar a los intereses financieros de la Unión”.
En cuanto a la dirigente independentista Marta Rovira, huida en Suiza, el juez levanta la orden de detención y pide a las partes interesadas que aleguen sobre la pertinencia consultar al Tribunal Constitucional sobre si la amnistía es aplicable al delito de desobediencia.
Y contra todas estas decisiones caben diferentes recursos.
Un acuerdo político entre socialistas e independentistas
Fuentes del Partido Socialista, que promovió la ley de amnistía en el Parlamento, discreparon de los argumentos del Supremo. La portavoz socialista Esther Peña dijo que no cree que esto afecte a eventuales acuerdos para formar gobierno en Cataluña, donde ninguna fuerza obtuvo mayoría absoluta en los comicios de mayo pasado.
Puigdemont, por su parte, respondió en X con el mensaje “La Toga Nostra”, en alusión velada a la mafia siciliana.
La ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña ha suscitado un acalorado debate mediático y político en España entre la izquierda, en el poder, y la derecha, en la oposición.
Promovida por los socialistas tras las elecciones generales de julio de 2023, fue pactada con los partidos independentistas catalanes, y en particular Puigdemont, que así podría volver a España libre de culpa.
Fue su exigencia para apoyar la reelección por el Congreso del socialista Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español, pues carecía de diputados suficientes para ello.
Votaron a favor la izquierda y los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes y en contra la oposición de conservadores y de la extrema derecha.
Los socialistas la defienden como un paso valiente para la convivencia y la normalización política de Cataluña, pero la derecha reprocha que es el “precio político” que Sánchez paga por seguir en el poder. Y lo independentistas, mientras tanto, no renuncian a un referéndum de “autodeterminación”.
La amnistía se aplicaría entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y beneficiaría, entre otros, a los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, ambos declarados inconstitucionales.
Por esos hechos, fueron condenados a varias penas de prisión 9 líderes independentistas catalanes en 2019, mientras que Puigdemont, artífice principal del proceso, y otros compañeros huyeron.
