Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advirtió que, detrás de las revelaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre las investigaciones contra Latinus, podrían existir motivaciones políticas.
“La investigación presentada por el Gobierno es sobre la empresa, no sobre sus proveedores. Pero al seleccionar estos pagos de entre otros que realizó la empresa, la intención no parece ser jurídica, sino política”, expresó.
Según publica Reforma en su edición digital, el especialista consideró que, por tratarse de un asunto de carácter penal, las autoridades debieron mantener el anonimato del destino final de los recursos.
“Si la intención del Gobierno de México es la de investigar a una o varias empresas que podrían haber cometido un posible ilícito, lo correcto en materia penal sería anonimizar el destino de las transferencias”, manifestó.
Bohórquez cuestionó que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador exhiba a personas que colaboran en Latinus, a pesar de que no forman parte de las pesquisas.
“No se busca evidenciar el tipo de transferencia, sino exhibir a los destinatarios, que según lo informado por el Gobierno no son objeto de una investigación”, aseveró.
Este miércoles, durante la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que se investiga al consorcio empresarial Latinus, desde mayo del 2021, por el tipo de operaciones financieras que ha registrado.
El funcionario sostuvo que las indagatorias no incluyen al periodista Carlos Loret de Mola, ya que no es accionista de la compañía.
Frente al presidente, detalló que las pesquisas son por delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Según Gómez, la investigación involucra dinero público de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Edomex, Michoacán e Hidalgo, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El flujo llegó a Latinus a través de las empresas BCG Limited Consulting, Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic, que cobraron por la venta de medicamentos y servicios de salud.
La UIF, que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), indaga triangulaciones de recursos de la empresa denominada Latinus Media Group, constituida en Delaware, Estados Unidos, conocido como un paraíso fiscal.
Durante la mañanera, precisó Reforma, fueron exhibidas algunas de las operaciones y montos que han sido pagados a periodistas, analistas y otros colaboradores de Latinus.
Con información de Reforma
