El Poder Judicial de Perú rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso por violaciones a los derechos humanos abierto contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), su exasesor Vladimiro Montesinos y los ex altos mandos militares Nicolás de Bari Hermoza y Luis Pérez Documet.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en el proceso que sigue contra los imputados por su presunta intervención en los casos de Pativilca y La Cantuta, donde el grupo militar encubierto Colina asesinó a un total de 16 personas en 1992, informó el Poder Judicial en la red social X.
El tribunal declaró nula una resolución emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora que había declarado fundada, en primera instancia, esa prescripción en octubre de 2023.
“Los hechos atribuidos, calificados como asociación ilícita para delinquir, en la medida en que están ligados a graves violaciones a derechos humanos, pueden ser considerados también de lesa humanidad”, remarcó la resolución.
De esa manera, el tribunal supremo dispuso que el proceso prosiga en este extremo, según el estado en que se encuentra actualmente.
Fujimori, Montesinos y los ex altos mandos militares son enjuiciados por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada, en 1992, de 6 campesinos por el grupo militar encubierto Colina, en el llamado caso Pativilca.
Mientras que la Fiscalía ha pedido que todos los implicados sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión por este caso, el pasado 31 de enero Montesinos recibió una sentencia a 19 años y 8 meses de cárcel tras haberse acogido a la figura jurídica de la conclusión anticipada.
Sin embargo, esa condena se consideró “compurgada” (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la “autoría mediata” (con dominio del hecho) de los delitos imputados.
Al ser consultado en una anterior audiencia, Fujimori anunció que no se iba a acoger a la conclusión anticipada, por lo que el 30 de enero también se analizó una petición de la Fiscalía para que se le imponga 18 meses de arresto domiciliario, que finalmente fue rechazada.
Fujimori, que el próximo 28 de julio cumplirá 86 años, dejó en diciembre pasado la prisión de Lima en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el indulto que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
