Un juez federal frenó temporalmente la distribución de los libros de texto gratuito en Chihuahua, en lo que constituye el primer fallo judicial de esta naturaleza en todo el país.
Según publica Reforma en su edición digital, Gabriel Pacheco Reveles, juez cuarto de Distrito de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, otorgó la suspensión provisional contra la distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-2024, informó el Congreso del Estado en un comunicado.
La suspensión fue dictada en un amparo que promovió la semana pasada Francisco Sánchez Villegas, diputado local de Movimiento Ciudadano, y padres de familia.
“Lo dijimos claramente: no vamos a permitir que el virus ideológico llegue a las escuelas. Con este mandato jurídico le damos certeza a la decisión del Gobierno estatal para no entregar los libros en las escuelas de Chihuahua. Este proceso ilegal de los libros de texto, hechos a espaldas de los ciudadanos, violatorios de los derechos de nuestros hijos, es una declaratoria de guerra contra la niñez y en Chihuahua hay hombres y mujeres que nos jugaremos la piel en la defensa de nuestros hijos”, dijo el legislador de MC.
De acuerdo con el texto, el juez Pacheco Reveles ordenó verificar que se haya seguido el procedimiento legal para la determinación de los programas y planes de estudio.
En sus redes sociales, el diputado expuso que la suspensión fue concedida con 3 alcances: frenar de manera inmediata la entrega de los libros de texto; considerar la posibilidad de reimprimir y reutilizar los de ciclos anteriores; y usar otros materiales o herramientas como la plataforma Recrea, que anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
“Si el Poder Judicial advierte que no se siguió el proceso legal, demanda que se impriman y entreguen los libros vigentes del año pasado, en tanto que no se reparen las violaciones al proceso indicadas en la Ley General de Educación”, señaló el Congreso.
El legislador Sánchez, precisó Reforma, presentó recientemente una denuncia en contra los responsables de los libros de texto ante la Fiscalía General de la República para que se investigue un probable uso ilegal de funciones, al intentar usar sus cargos públicos para introducir ideología y adoctrinamiento político en las escuelas.
Con información de Reforma
