La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), avaló la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
Con los 57 votos de 60, todos de NI y sus aliados, se aprobó dicha extensión de 30 días, con lo que sigue suspendido hasta el 7 de septiembre próximo el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
Estas 29 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele dice que ha logrado “sanar” al país de las pandillas y que la Constitución señala que una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
Según el decreto aprobado, la medida se justifica a raíz de los “remanentes” de las pandillas que “continúan produciendo actividad delictiva, constituyendo estos grupos en el enemigo y más grande amenaza que el Estado debe enfrentar”.
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022, se han registrado más de 81,100 detenciones bajo el régimen de excepción, entre los que se encuentran más de 7 mil personas que han sido puestas en libertad condicional.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
El Salvador registró en 2015 su año más violento desde el final de la guerra civil con más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2016 comenzó una tendencia a la baja que se acentuó con la llegada de Bukele al poder.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a funcionarios de confianza del presidente Bukele por supuestamente participar en reuniones con representantes de las pandillas.
